La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo nacional «aguantará la presión» de los regantes del Levante ante el recorte de los recursos derivados del trasvase Tajo-Segura.
Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, preguntada sobre la protesta que los regantes de Levante llevarán este miércoles a Madrid, tras la firma de un convenio en Toledo.
«Éramos conscientes de que esa presión se iba a producir toda vez que llevan más de 40 años dependiendo del trasvase Tajo-Segura. Pero estamos convencidos de que el Gobierno aguantará la presión. No contemplamos que haga algo distinto» ha defendido Fernández, que ha sentenciado que en caso de que no se ejecute lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua, el Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá a los tribunales para exigir el cumplimiento de las sentencias sobre caudales mínimos en Toledo, Aranjuez y Talavera de la Reina del Tribunal Supremo.
En este punto ha puesto de relieve «el buen trabajo del Gobierno castellanomanchego, que ha puesto sobre la mesa una realidad y sentido común».
Tras defender que este trasvase franquista después de 40 años «ya está amortizado», ha justificado que en el fondo de esta cuestión «no hay otra cosa que pese más que lo barato que resulta el agua del trasvase», porque no es tanto que no existan otras alternativas, sino que estas alternativas «no están amortizadas».
«Desde Castilla-La Mancha estamos convencidos de que el empleo y la agricultura –de Levante– no se va a ver mermada si se usan esas otras alterativas. Es más, desde Castilla-La Mancha nunca se va a perjudicar a ningún otro territorio. Lo que hacemos es defender el interés general, el derecho de Castilla-La Mancha a gestionar los recursos hídricos que son de todos y preservar la calidad ambiental del Tajo», ha concluido.
