El Ayuntamiento de Puertollano se enfrenta a una batalla legal por la titularidad de dos de sus proyectos más destacados, el parque del Terri y el pabellón ferial ‘La Central’, realizados bajo la administración del exalcalde Joaquín Hermoso Murillo. Tras la reciente sesión plenaria del jueves, la entidad municipal acordó personarse en el litigio abierto por las empresas Painver Peninsular y Newcoser. Estas firmas, que suscribieron el llamado «convenio Calatrava» el 30 de mayo de 2008, entregaron los predios para estas infraestructuras con la condición de la futura aprobación del Plan de Ordenación Municipal (POM), que ampliaría su suelo urbanizable.
El acuerdo estipulaba que si el POM no recibía sanción definitiva en el curso de tres años, las compañías podrían demandar la reversión de los terrenos, retomándolos en el estado en que se hallaban, sin contraprestación económica. La falta de ratificación definitiva del POM, incluso después de varios años, ha motivado que las sociedades recurran a la vía judicial para defender sus intereses contractuales. Se calcula que las superficies implicadas, incluyendo las construcciones existentes, podrían tener un valor aproximado de 18 millones de euros.
La demanda llega tras un prolongado periodo de inactividad legal, en espera de la resolución del POM a nivel regional, lo cual no ha fructificado. El actual alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, expresó su pesar ante este conflicto, calificándolo como un ejemplo de la «mala gestión del PSOE», pero se mostró abierto a la posibilidad de negociar con los propietarios de los terrenos. A su vez, confirmó su dedicación para aprobar un nuevo POM que actualice el obsoleto Plan General de Ordenación Urbana.
Esta disputa no es el único escollo para el municipio, ya que en 2020 el Tribunal de Cuentas criticó las subvenciones otorgadas por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) para la construcción del pabellón ‘La Central’, con un desembolso de 12,3 millones de euros, y la transformación del Terri en parque urbano, con una inversión de 6 millones de euros. Según el informe del tribunal, dichas subvenciones se habían concedido para financiar obras sobre terrenos que no eran propiedad del Ayuntamiento en el momento de la firma de los convenios con el IRMC. La cuestión ahora está en manos de la justicia, que deberá dirimir los términos y el cumplimiento del mencionado «convenio Calatrava».
