El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en una nueva Ley de Turismo que permitirá a los ayuntamientos de la región aplicar tasas turísticas a sus visitantes si así lo desean. Esta información fue dada a conocer por la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, en una entrevista con Diario CLM. Franco aclara que, aunque la masificación turística no es un problema que afecta directamente a Castilla-La Mancha, donde se registran poco más de 1,400 viviendas de uso turístico, es importante establecer un marco que permita un manejo sostenible del turismo.
La mayor parte de estas viviendas se reparten entre la provincia y la capital de Toledo, siendo estas últimas 800 y 550 respectivamente. En cuanto a los municipios, será competencia de cada uno decidir si se establece la tasa turística y de qué manera se aplicará. Desde el Gobierno se proporcionarán los mecanismos necesarios para su implementación.
Con la mirada puesta en el futuro, el Gobierno se ha marcado un ambicioso objetivo de atraer a 3,5 millones de turistas para el año 2030, de los cuales esperan que al menos un millón sean visitantes internacionales. Esto se produce en un contexto donde Castilla-La Mancha ha alcanzado un hito de 2,8 millones de turistas a finales de 2023, creciendo el turismo sostenible y sin los desafíos de saturación que presentan otros lugares de España.
La consejera Franco subrayó el deseo de aumentar estos números, poniendo énfasis en las áreas rurales como clave para la desestacionalización del turismo y la promoción de una actividad constante durante todo el año.
En otro aspecto del turismo, se ha dado a conocer que 90 personas se han inscrito para obtener la habilitación como guías de turismo en la región, con las pruebas planificadas para septiembre. Estas certificaciones buscan asegurar servicios de calidad y conocimiento en el sector, una convocatoria que se ha retrasado desde 2020 debido a la pandemia.
Finalmente, la Consejería de Economía, Empresas e Industrial tiene además en proyecto el desarrollo de la nueva Ley de Industria, que se comenzará a trabajar una vez aprobada la normativa nacional. Se espera que el Observatorio de Industria aborde próximamente el anteprofyecto de la nueva ley estatal para determinar las directrices que guiarán la futura legislación autonómica.
