El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado su desacuerdo con el «cupo catalán», refiriéndose a la financiación singular para Cataluña acordada entre el Gobierno y la Generalitat. En su opinión, este mecanismo es un «trampantojo ambiguo e injusto», y afirma que es «urgente» realizar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en los próximos días, en lugar de posponerlo para después del verano.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina lamentó la reciente reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada en Barcelona, señalando que el acuerdo alcanzado intenta «engañar» a las comunidades autónomas al presentar un documento «ambiguo» sobre la financiación de Cataluña, que considera similar al cupo existente en el País Vasco y Navarra, aunque con ciertos matices.
El consejero detalló que, según el pacto, Cataluña recaudaría todos los impuestos en su territorio y pagaría al Estado una cantidad determinada en función de las competencias estatales que ejerce en su comunidad. Ruiz Molina destacó la complejidad que esto supone, sugiriendo que definir o territorializar los gastos estatales en cada comunidad es una tarea difícil y cuestionable.
Además, criticó que en una reunión donde solo se involucra a Cataluña se esté definiendo el sistema de financiación para las demás comunidades autónomas del régimen común. A su juicio, si el modelo propuesto es tan beneficioso, debería haberse incluido la participación de todas las comunidades en su elaboración.
El consejero subrayó su preferencia por discutir directamente los temas de financiación con el resto de los consejeros autonómicos, en lugar de aceptar «platos precocinados». Según Ruiz Molina, el modelo establecido para Cataluña, que se propone como extrapolable al resto de las comunidades, podría dar lugar a una redistribución de recursos insostenible y a la posible desaparición del concepto mismo de Estado.
Ruiz Molina argumentó que aceptar lo plasmado en el documento implicaría un peligroso desplazamiento del papel del Gobierno central, convirtiéndolo en una mera comunidad autónoma que solicita recursos a las demás para financiar servicios comunes. Añadió que un modelo así rompería con el principio de ordinalidad, que debería garantizar igualdad de oportunidades sin importar el lugar de residencia de los ciudadanos.
El consejero también criticó las intenciones de algunos independentistas, que más que buscar mejorar los recursos para todos, aspiran a recibir más que otros. Señaló que el principio de ordinalidad debería discutirse en el CPFF y advirtió que un acuerdo que genere disparidades entre comunidades autónomas en términos de servicios públicos es inaceptable.
En este contexto, Ruiz Molina insistió en la exigencia de un CPFF en julio, argumentando que no se puede negociar la financiación de España con fuerzas que buscan dividir el país. Además, manifestó el rechazo a toda estructura que favorezca una jerarquización de servicios públicos basada en la riqueza de las comunidades.
Finalmente, el consejero se comprometió a enviar una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para solicitar la convocatoria de un CPFF, no solo para abordar la financiación autonómica, sino también para conocer las cifras de las entregas a cuenta del próximo ejercicio, de cara a cumplir con el objetivo de presentar el presupuesto de 2026 en tiempo y forma, y con cifras más precisas.
