La reciente legislación introducida en España, encaminada a ayudar a las personas vulnerables, busca establecer un marco que permita a los consumidores endeudados acordar planes de reembolso razonables con las entidades bancarias. Sin embargo, la enmienda que redefine el concepto de «vulnerabilidad» podría restringir drásticamente el acceso a estos beneficios, limitándolos a un grupo mucho más reducido de la población.
Este cambio de enfoque podría tener un impacto significativo, especialmente considerando que una gran cantidad de consumidores endeudados en España podría quedar fuera de las protecciones que esta ley intenta ofrecer. La situación es similar a lo ocurrido en el Reino Unido en 2005, cuando la legislación sobre vulnerabilidad generó controversia al exigir una definición más estricta de lo que significa ser un cliente «vulnerable».
En España, el requisito para ser considerado vulnerable es estar recibiendo el Ingreso Mínimo Vital de 604,21 euros mensuales, una cifra que muchos consideran fue escasamente definida. Esta medida no tiene en cuenta otras variables importantes que afectan la capacidad de una persona para devolver sus deudas. Con estos ingresos, es prácticamente imposible cubrir las necesidades básicas como el alquiler, la alimentación y otros gastos esenciales como suministros y atención médica, especialmente en ciudades con un costo de vida tan elevado como Madrid o Barcelona.
Maria Petrache, especialista en deudas en Unifye SL, destaca que la identificación de clientes vulnerables debe tener en cuenta una gama más amplia de factores, incluidos los ingresos, las cargas familiares, el número de personas a cargo, y los gastos inevitables del día a día. La vulnerabilidad económica debe basarse en una evaluación realista de la situación personal de los individuos.
El objetivo principal de esta ley es permitir a los consumidores proponer Planes de Pago adecuados, que permitan devolver sus deudas a un ritmo asequible. Esto es especialmente crucial para los consumidores clasificados como vulnerables, quienes dependen de estos acuerdos para evitar hundirse más en el endeudamiento.
Con la promulgación de la ley definitiva, se espera que las regulaciones sean lo suficientemente amplias y justas para proteger adecuadamente a las personas vulnerables, asegurando que se cumpla con el verdadero propósito de esta legislación. La observación cuidadosa de su implementación será esencial para garantizar que no se excluya inadvertidamente a aquellos que más necesitan ayuda.
