Cuatro acusados han sido absueltos por el Tribunal Supremo después de ser condenados a penas de hasta 30 años de cárcel por robos con violencia de vehículos y joyas en varias localidades del sur de Madrid, Guadalajara y Córdoba. La absolución se debe a que la Guardia Civil colocó balizas de seguimiento en los vehículos de los acusados sin tener autorización judicial para hacerlo, lo cual fue determinante para su condena.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto en favor de estos cuatro acusados, quienes habían recurrido en casación al tribunal superior la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La resolución destaca que se practicaron «medidas limitativas de derechos de las que no hay constancia documental en la causa» y que la fuerza instructora afirmó que se habían practicado otras medidas limitativas de derechos que tampoco quedaron registradas en el atestado.
El magistrado Andrés Martínez Arrieta, ponente de la sentencia, señala que se han llevado a cabo «injerencias en los derechos fundamentales de los investigados, lesionando el derecho de defensa que no ha podido contradecir la prueba y la investigación». También destaca que no se tiene constancia de los momentos en que se adoptaron estos medios de investigación ni de la autoridad judicial que los autorizó.
Los cuatro acusados habían sido condenados por robar varios vehículos y joyas utilizando armas de fuego en distintos lugares de Madrid, Guadalajara y Córdoba. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que ha habido una conculcación de las reglas del proceso debido al no contar con una documentación adecuada de la investigación, lo cual ha perturbado gravemente la equidad del proceso y ha lesionado el derecho de defensa de los acusados.
La falta de incorporación al proceso de las medidas de investigación adoptadas y la falta de documentación sobre las mismas impide cuestionar su legalidad y regularidad, afectando así el derecho de defensa de los acusados. La sentencia también critica a la Fiscalía por no haber indagado en esta falta de documentación durante el proceso y pasa por alto la justificación del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a que la defensa no solicitó la prueba en el recurso de apelación.
En conclusión, el Tribunal Supremo declara que la condena no cumple con las normas básicas del proceso debido y, por lo tanto, declara la absolución de los acusados. Esta absolución busca asegurar la observancia de las reglas que conforman el proceso debido en lo que respecta a la documentación de las diligencias de investigación, para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa.
