Esta semana, el Presidente Donald J. Trump concluyó lo que muchos consideran una de las acciones más importantes de desregulación en la historia de Estados Unidos: la revocación total de la “Evaluación de Peligrosidad” implementada por la administración de Obama, una medida que, según sus detractores, había sido utilizada como un arma para justificar regulaciones onerosas que costaron más de 1.3 billones de dólares a las familias, negocios y consumidores estadounidenses.
La eliminación de esta normativa, que había sido establecida en 2009, esvista como un paso hacia una economía más libre y competitiva. Se espera que esta acción genere ahorros significativos para los consumidores, quienes podrían pagar hasta 2,400 dólares menos en la compra de vehículos nuevos. Además, se anticipa que los costos de transporte y logística disminuirán, impactando positivamente en el precio de los bienes cotidianos. Los conductores, por su parte, ya no estarán obligados a adquirir características innecesarias en sus vehículos, lo que significa una mayor variedad y accesibilidad en el mercado.
Las reacciones al anuncio han sido abrumadoramente positivas por parte de diversos sectores que apoyan la iniciativa. Michelle Bloodworth, presidenta y CEO de America’s Power, celebró la decisión, argumentando que la antigua evaluación había sido utilizada para implementar regulaciones que amenazaban la fiabilidad de la red eléctrica en el país. Los mismos sentimientos se reflejan en las declaraciones de Jason Hayes, director de políticas energéticas en America First Policy Institute, quien considera que este movimiento es crucial para restaurar un sentido común en las políticas climáticas.
La defensa de esta desregulación ha sido contundente por parte de diversos grupos e individuos, que han argumentado que el enfoque del gobierno hacia el cambio climático había sido perjudicial para la economía. Desde la American Energy Alliance hasta la American Free Enterprise Chamber of Commerce, las voces a favor del cambio enfatizan que la revocación de la “Evaluación de Peligrosidad” representa un giro hacia políticas más pragmáticas y menos coercitivas.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la revocación. Grupos ambientalistas y algunos representantes demócratas han manifestado su preocupación, señalando que podría abrir la puerta a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y un retroceso en las medidas de protección ambiental. Aun así, muchos defensores de la desregulación sostienen que los avances en tecnología y la innovación dentro de la industria energética son la clave para un futuro más limpio, sin necesidad de regulaciones tan estrictas.
La decisión también ha ganado elogios entre líderes políticos. Desde senadores hasta representantes, numerosos integrantes del Partido Republicano han expresado su apoyo a la revocación, considerándola una victoria significativa para la libertad económica y la elección del consumidor. La idea de que el gobierno federal debería ser menos intrusivo en el ámbito del automovilismo y la producción de energía ha resonado fuerte en discursos que destacan la importancia de devolver el poder a los ciudadanos y a la economía de mercado.
En conclusión, la revocación de la “Evaluación de Peligrosidad” por parte de la administración de Trump se presenta como un punto decisivo en la política de desregulación, prometiendo no solo una reducción en los costos para los consumidores, sino también una mayor libertad de elección en el mercado. Mientras el debate sobre las regulaciones ambientales continúa, lo cierto es que esta acción marca un cambio radical en el enfoque del gobierno hacia la producción y el consumo energético en Estados Unidos.
Fuente: WhiteHouse.gov
