En el marco de la Operación ‘Pinchudo’, el Seprona de la Guardia Civil de Toledo ha llevado a cabo la detención de tres personas e investiga a otras diez, todas ellas sospechosas de cometer delitos relacionados con la protección de la flora y fauna, así como la formación de un grupo criminal. Los detenidos estaban organizando jornadas de caza furtiva con el objetivo de abatir erizos y liebres.
La investigación se inició hace seis meses por parte de la Patrulla de Comandancia de Protección de la Naturaleza de Toledo (PACPRONA), que, mediante labores de ciberpatrullaje en redes sociales, detectó diversas publicaciones de individuos que compartían videos y fotografías de caza de erizos en 2023 y 2024. En estas imágenes, los cazadores posaban con los erizos capturados, valiéndose de perros adiestrados en varias localidades de la Comarca de la Jara y Talavera de la Reina. Algunas publicaciones incluso mostraban a los individuos cocinando y consumiendo erizos en diferentes celebraciones y eventos.
Cabe destacar que los erizos cazados pertenecen a la especie Erinaceus europaeus, la cual está protegida bajo la Ley 42/2007 del 13 de diciembre, referida al Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, esta especie figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
A lo largo de la investigación, el Seprona ha logrado identificar claramente a todos los miembros del grupo criminal implicados en estas actividades ilícitas. Se ha confirmado que la caza de erizos se llevaba a cabo entre febrero y septiembre, coincidiendo con su periodo de reproducción. La entidad ha contabilizado la captura de hasta 446 erizos, lo que podría implicar un daño ambiental valorado en aproximadamente 627.000 euros, según el Decreto 67/2008 del 13 de mayo.
Simultáneamente, los agentes también han documentado actos de caza furtiva de liebres, en los que se utilizan visores térmicos para localizar a estos animales en sus escondites. Los cazadores se acercan con perros galgo y provocan la huida de la liebre, iniciando así una persecución que es observada desde vehículos todoterreno.
Los agentes han podido determinar que los escenarios de caza de liebres se encuentran ubicados en cotos privados, donde estas prácticas se realizaban sin la autorización del titular de la caza. Los implicados podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta dos años o multas que oscilan entre ocho y veinticuatro meses, conforme a los artículos 334, 335 y 570.ter del Código Penal, con la posibilidad de que las penas se agraven por actuar como una asociación o grupo criminal.