Discrecionalidad policial que se traduce en indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial una vez ha sido tramitada la denuncia; desmovilización ciudadana; señalamiento, persecución y criminalización de activistas, periodistas y movimientos ciudadanos que llevan a cabo acciones de protesta de naturaleza pacífica. Cuando se cumplen tres años de vigencia de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), Amnistía Internacional constata una vez más cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información.
“Tanto la LOSC, también denominada Ley Mordaza, como la reforma del Código Penal están sirviendo para procesar penalmente o sancionar administrativamente a personas usuarias de redes sociales, artistas, raperos, activistas sociales o periodistas, por utilizar expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “El nuevo gobierno de Sánchez ha asegurado que va a derogar los artículos que puedan socavar estos derechos: estaremos pendientes de que así sea porque después de tres años ya es hora de acabar con el efecto mordaza que provoca esta legislación”, señala el director de AI España.
En total, señala la organización, entre 2015 y 2017 se ha condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal que castiga el enaltecimiento del terrorismo o la humillación a sus víctimas, frente a las 23 condenadas entre 2011 y 2013. Además, de las casi 19.500 sanciones impuestas por la aplicación del art. 37.4 de la LOSC, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad” en 2016 se ha pasado a 20.700 en 2017, a las que se añaden las 4.361 del primer trimestre de 2018 del que se tienen datos.
La organización publica hoy un nuevo informe en el que analiza cómo se ha consolidado el deterioro de estos derechos. Un ejemplo de la indefensión que siente la ciudadanía frente a la discrecionalidad policial es el de Mikel, periodista del medio local Hala Bedi (Álava) sancionado con una multa de 602 euros por desobediencia o resistencia a la autoridad supuestamente por romper un cordón policial cuando estaba informando de un corte de luz en el barrio de Errekaleor, en Vitoria. Mikel ha aportado distintas pruebas que contradicen la versión policial, como testigos y vídeos; sin embargo, la Administración considera que debe darse verosimilitud y plena validez a la versión ofrecida por los agentes que le sancionaron.
Amnistía Internacional ha constatado que en numerosas ocasiones, muchas de estas sanciones prosperan en el ámbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versión policial, sino por los costes aparejados a recurrir la sanción ante los tribunales (abogado y procurador, tasas judiciales) además de que algunas personas prefieran pagar la sanción para poder beneficiarse de la bonificación del 50% por “pronto pago”.
Desmovilización
Auto-censura y auto-limitación a la hora de llevar a cabo los actos de movilización: es lo que la aplicación de la LOSC ha provocado durante estos tres años en asociaciones y movimientos como la PAH, las Mareas por la sanidad o la educación pública, activistas del 15M o Ecologistas en Acción, entre otras. Una activista de esta última organización, María Ángeles, ha recibido una multa de 601 euros por, según la versión policial, haberse negado a identificarse frente a unos agentes cuando protestaba contra el vertido de tierras y escombros que se estaba produciendo en una finca a las afueras de Madrid. «No me negué a identificarme, simplemente pedí explicaciones de por qué nos lo pedían y por eso me impusieron esta multa que, unida a otras muchas que han recibido los activistas, desmovilizan, porque te arriesgas a tener que pagar un dinero al que a veces es imposible hacer frente», asegura María Ángeles. «Lo que sientes es una rabia y una impotencia tremenda porque en ningún momento me comunicaron que se me iba a denunciar, ni me enseñaron el acta, ni la firmé. Cuando me llegó la multa, un año después, no daba crédito: parece imposible que se puedan acumular tantas mentiras en un acta policial», añade.
Otro ejemplo de cómo cada vez es más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos es lo que está sucediendo con la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia, un movimiento vecinal que pide el soterramiento de las vías férreas del tren AVE en la capital, porque no quieren que su ciudad esté «dividida por un muro». En total, la Plataforma dice llevar acumulados 50.000 euros de multas, concerca de40 personas sancionadas, en
Persecución y criminalización
Jorge Aranda Arana, una persona muy activa en varias plataformas sociales, ha sido detenido al menos hasta en cuatro ocasiones desde 2012, aunque ninguno de los procedimientos penales ha prosperado por el momento, a falta de que se decidan los dos últimos. En uno de ellos, como consecuencia de haber acudido a una convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas, y cuyo juicio se celebró el pasado 11 de junio, se le acusa de atentado contra la autoridad y lesiones contra agentes de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional. Para AI, que ha tenido acceso a parte del expediente y acudió al juicio como observadora, en el que pudo comprobar preocupantes contradicciones de los cuatro agentes de policía a la hora de relatar los sucesos, no parece desprenderse que Jorge participase en ningún acto de naturaleza violenta, sustentándose la acusación contra él únicamente en el atestado policial y las declaraciones efectuadas por los agentes, que le acusan de golpear e intentar ahogar a uno de ellos, cuando este procedía a detener a otra persona. Jorge niega haber golpeado a ningún policía.
Ante esta situación, Amnistía Internacional exige que en el debate que ahora está pendiente para la reforma de la LOSC se tenga en cuenta que se debe:
- Revisar en profundidad la legislación (enlace a las propuestas concretas del informe, artículo por artículo) para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información, como por ejemplo la imposibilidad de la celebración de reuniones espontáneas, o las prohibiciones genéricas para celebrar reuniones en ciertos lugares.
- Garantizar que todas las personas acceden a recursos adecuados, efectivos y rápidos cuando por la actuación de terceros, o también de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, consideren vulnerados sus derechos de reunión pacífica, expresión e información.
- Tanto el gobierno central como los autonómicos con competencia en seguridad deben asegurarse de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban la formación adecuada en materia de derechos humanos, y garanticen, respeten y hagan respetar el derecho de reunión, expresión e información de toda la población, permitiendo que las y los periodistas pueden realizar su trabajo, incluido grabar y difundir información de la policía, sin injerencias injustificadas. También se deben incorporar mecanismos independientes y adecuados de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias de todos los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.
La organización tiene en marcha una ciberacción en la que lleva recogidas más de 65.000 firmas con estas peticiones que entregará al nuevo gobierno.
