En un esfuerzo por reformar el sistema de acreditación en la educación superior de Estados Unidos, la administración del Presidente ha emitido una orden ejecutiva que busca revisar las prácticas de los organismos acreditadores y abordar las preocupaciones sobre la calidad educativa. Este cambio es fundamental, dado que los acreditadores desempeñan un papel crucial al decidir qué instituciones son elegibles para recibir más de 100 mil millones de dólares en préstamos estudiantiles federales y subvenciones Pell cada año.
La reciente orden destaca que muchos acreditadores han fallado en su misión de proteger a los estudiantes y a los contribuyentes, al certificar instituciones de baja calidad. A pesar de que en 2020 solo el 64% de los estudiantes lograban graduarse en un plazo de seis años, algunos organismos acreditadores han priorizado criterios que no están directamente relacionados con el rendimiento académico, sino que a menudo se centran en la implementación de estándares de “diversidad, equidad e inclusión” que pueden resultar en prácticas discriminatorias.
Por ejemplo, el Consejo de la Asociación Americana de Abogados ha sido criticado por requerir que las escuelas de derecho demuestren un compromiso activo con la diversidad y la inclusión, lo que ha llevado a cuestionamientos legales sobre la validez de tales requerimientos. La orden establece que ninguna institución debe ser obligada a aceptar criterios que infrinjan leyes federales o aquellos que promuevan la discriminación.
Además, la administración se compromete a responsabilizar a los acreditadores que violen estas normas, indicando que se tomarán medidas adecuadas que podrían incluir la suspensión o revocación de su reconocimiento federal. Este enfoque aboga por un sistema que priorice la calidad educativa y el acceso equitativo sin imponer requisitos que puedan ser perjudiciales.
El Presidente ha subrayado la importancia de proveer a los estudiantes una educación que no solo sea de calidad, sino que también tenga un valor tangible en el mercado laboral, especialmente en medio de una creciente carga de deudas estudiantiles. Se han hecho propuestas para que los acreditadores se centren más en los resultados académicos y en la diversidad de pensamiento en los cuerpos docentes, lo que considera esencial para fomentar la libertad académica y la curiosidad intelectual.
La orden también señala que se crearán nuevos caminos de aseguramiento de calidad más flexibles y simplificados, destinados a facilitar la innovación y la mejora continua en el sector educativo. Además, se propugna por mejorar la respuesta a las quejas y hallazgos de incumplimiento por parte de instituciones educativas, facilitando en última instancia un sistema más transparente y ágil.
Como parte de esta iniciativa, se busca promover un ambiente educativo que priorice la calidad académica y el éxito del estudiante, en lugar de ajustarse a estándares que pueden ser perjudiciales para la misión y los valores de las instituciones educativas. La administración espera que estas reformas no solo beneficien a los estudiantes, sino que también fortalezcan la confianza pública en el sistema de educación superior americano, transformando así el panorama educativo del país.
Fuente: WhiteHouse.gov
