El presidente de los Estados Unidos ha firmado una nueva orden ejecutiva con el objetivo de erradicar la discriminación contra los cristianos en el ámbito gubernamental. Esta acción, que busca reinstaurar la protección de las libertades religiosas, se produce en un contexto de creciente preocupación sobre la percepción de hostilidad gubernamental hacia los cristianos.
El orden establece que la política de la nación se centra en proteger los derechos de los ciudadanos a practicar su fe sin temor a represalias por parte del gobierno. Hace hincapié en que la Constitución de EE. UU. y leyes como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 prohíben la interferencia del gobierno en el ejercicio de la religión. Sin embargo, el presidente denuncia que la administración anterior implementó un patrón de discriminación sistémica contra cristianos pacíficos, ignorando al mismo tiempo actos de violencia y vandalismo dirigidos hacia ellos.
De acuerdo con el comunicado, el nuevo gobierno ha tomado medidas correctivas, incluyendo la emisión de indultos a varios cristianos que fueron condenados por participar en manifestaciones pacíficas. Esta alegación se apoya en el argumento de que estas condenas fueron resultado de una persecución política. A su vez, el orden critica un memorándum emitido por el FBI que catalogó a ciertos grupos católicos como amenazas de terrorismo doméstico y sugiere que la administración pasada no abordó adecuadamente la violencia en contra de las comunidades cristianas.
La nueva administración busca también establecer un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia, encargado de revisar las políticas y prácticas de la administración anterior. Este equipo tendrá como misión identificar y eliminar cualquier injusticia hacia los cristianos, además de generar un marco para proteger la libertad religiosa de todos los ciudadanos estadounidenses.
Para llevar esto a cabo, la orden detalla la composición del grupo de trabajo, que incluirá representantes de diversas agencias y continuará ejerciendo presión para detectar y remediar cualquier conducta gubernamental improcedente. Se prevé que este grupo presente informes periódicos para garantizar la transparencia en sus operaciones y para asesorar al presidente en la creación de futuras políticas relacionadas con este tema.
La institucionalización de esta iniciativa ha dado lugar a un intenso debate en la opinión pública, ya que algunos aplauden el esfuerzo por proteger las libertades religiosas, mientras que otros critican lo que consideran una forma de instrumentalizar la religión con fines políticos. A medida que el país avanza en esta nueva dirección, será esencial observar cómo se implementan estas políticas y el impacto que tendrán en el tejido social y religioso de los Estados Unidos.
Fuente: WhiteHouse.gov
