El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha emitido un comunicado anunciando la imposición de sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (CPI), justificando esta acción mediante la autoridad otorgada por la Constitución y varias leyes federales. En el documento, el mandatario acusa al CPI de actuar de manera ilegítima y de haber lanzado investigaciones infundadas que afectan a ciudadanos y aliados de Estados Unidos, en particular a Israel.
Trump sostiene que el CPI ha intentado ejercer jurisdicción sobre el personal estadounidense y de sus aliados sin tener una base legal para ello, argumentando que ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, que establece el funcionamiento de este organismo internacional. Alega que estos intentos de persecución judicial amenazan la soberanía nacional y podrían poner en riesgo a miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y oficiales de gobierno.
Un aspecto central de la declaración es la advertencia sobre posibles consecuencias severas para aquellos involucrados en las actividades del CPI que se consideren transgresoras. Las sanciones podrían implicar el bloqueo de propiedades y activos en Estados Unidos y la suspensión de la entrada al país de funcionarios del CPI y sus familias.
Trump también recuerda la legislación de 2002 conocida como la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que fue promulgada para salvaguardar a los militares y funcionarios estadounidenses de ser procesados por un tribunal internacional al que no pertenecen.
“Estados Unidos se opone inequívocamente a cualquier acción del CPI que vaya en contra de nuestros aliados que no han consentido jurisdicción del CPI”, afirma el presidente en su declaración. A pesar de su firme postura en defensa de la soberanía nacional, Trump reitera el compromiso de su administración con la responsabilidad y la promoción de un orden internacional pacífico, siempre que se respeten las decisiones soberanas de los Estados involucrados.
La orden también establece un estado de emergencia nacional para abordar lo que describe como una amenaza extraordinaria a la seguridad y política exterior de Estados Unidos por parte del CPI. Prevé un exhaustivo proceso de control de quienes sean considerados responsables de cualquier intento de acciones judiciales contra ciudadanos estadounidenses o de aliados que no han consentido la jurisdicción del tribunal.
La medida plantea un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y el CPI, reflejando tensiones en el escenario internacional sobre la justicia y la rendición de cuentas. Tanto defensores como críticos de esta medida anticipan un impacto significativo en la dinámica de la política exterior estadounidense.
Fuente: WhiteHouse.gov
