En un movimiento que ha captado la atención de analistas y observadores políticos, la administración actual ha emitido un decreto con el objetivo de abordar lo que considera conductas perjudiciales asociadas a la firma de abogados Susman Godfrey LLP. Según el comunicado oficial, se afirma que esta firma participa en actividades que amenazan los intereses críticos de Estados Unidos, desde la degradación de la calidad de las elecciones hasta la inyección de ideologías políticas en el ejército estadounidense.
El decreto destaca que los abogados y las firmas legales que actúan en contra de los intereses estadounidenses no deberían tener acceso a secretos de Estado ni ser financiados con fondos federales. Se establece que un grupo de agentes del gobierno, incluyendo al Fiscal General y al Director de Inteligencia Nacional, tomará medidas inmediatas para suspender las autorizaciones de seguridad de los empleados de Susman, mientras se revisa si su acceso a información confidencial es coherente con el interés nacional.
Un componente significativo del decreto es su enfoque en la discriminación racial. La administración señala que Susman ha establecido programas que privilegian a «estudiantes de color» en cuanto a oportunidades laborales y premios monetarios, lo que la administración considera una forma de discriminación ilegal. Esta acusación se enmarca dentro de un discurso más amplio sobre la equidad, la diversidad y la inclusión, el cual la administración ha prometido erradicar cuando se manifiesta de manera que dañe la integridad de la nación o sus ciudadanos.
Además, el decreto ordena a las agencias gubernamentales revisar todos los contratos existentes con Susman o con entidades que tengan vínculos comerciales con ellos. Los contratistas deberán revelar cualquier relación con la firma, y se insta a las agencias a suspender contratos que se alineen con actividades perjudiciales o que no respeten los intereses de los ciudadanos.
La orden presidencial subraya la necesidad de limitar el acceso de los empleados de Susman a los edificios gubernamentales y restringir interacciones entre el personal del gobierno y Susman cuando exista riesgo para la seguridad nacional. Se pone énfasis en la necesidad de una supervisión más estricta, sugiriendo que el gobierno debe ser proactivo en la identificación y supresión de actividades que puedan socavar su labor y sus principios.
Mientras la administración presenta este decreto como una medida necesaria para proteger los intereses de la nación, los críticos podrían interpretarlo como un intento de silenciar a aquellos que desafían el status quo en el ámbito legal y político. Este anuncio podría tener implicaciones de gran alcance para la relación entre el gobierno y las firmantes legales, además de suscitar un debate considerable sobre los límites de la equidad y la libertad profesional en los Estados Unidos.
Fuente: WhiteHouse.gov
