En el municipio de Pioz, la oposición conformada por el Partido Popular (PP), Unidas Podemos y Vox ha solicitado un pleno extraordinario con el objetivo de revocar el acuerdo adoptado el pasado 20 de diciembre en el que se aprobaron las retribuciones y dedicaciones a ciertos miembros de la Corporación Municipal. Esta petición lleva las firmas de Juan Antonio Pendás (Unidas Podemos), José Luis Sánchez y José Antonio Gutiérrez (PP), y José Miguel Malpartida (Vox), contando con los números necesarios para que la convocatoria del pleno extraordinario sea aceptada.
La medida que pretenden revertir concierne a la asignación de sueldos, que fue aprobada en una sesión plenaria aprovechando la ausencia médica de un representante de Vox, permitiendo que las retribuciones fueran acordadas gracias al voto de calidad del alcalde, el socialista Manuel López. En dicha sesión, se autorizaron las retribuciones para cinco de los seis concejales del equipo de gobierno, incluyendo dos ex ediles de Vox que, tras abandonar su partido, respaldaron al PSOE, permitiendo así su capacidad de gobierno.
Los sueldos cuestionados ascienden a 26.136,60 euros anuales asignados a Alejandro Porcar, Hilario Fernández, Susana Cisneros y Antonio Delgado, así como un salario de 39.204,45 euros para Carlos Alberto Torre. Además, se desea suprimir las modificaciones realizadas en la misma sesión respecto a la composición de la Comisión Especial de Cuentas e invalidar el recientemente aprobado Reglamento de Organización Municipal (ROM) del Ayuntamiento.
Mientras este asunto ya ha sido objeto de denuncia en los juzgados, la oposición exige la realización de un nuevo pleno para reevaluar los puntos controversiales. Aunque manifiestan no oponerse a la realización de un pleno subsiguiente por parte del Grupo Municipal del PSOE con fines de fijar sueldos, subrayan que esto debería llevarse a cabo sin contar con el apoyo de miembros acusados de transfuguismo.
Cabe mencionar que desde Vox en Guadalajara ya se había introducido previamente un recurso de reposición en contra de los primeros dos puntos discutidos en la sesión del 20 de diciembre, calificando la distribución de los sueldos como un «reparto ilegal». Con esta nueva petición de pleno extraordinario, queda patente el interés de la oposición por rectificar lo que consideran una decisión tomada de forma oportunista y cuestionable.
