En Castilla-La Mancha, alrededor de 131.000 empleados y empleadas del sector público enfrentan desde hace años una significativa pérdida del poder adquisitivo, que se estima en un 20 %. Esta situación ha sido motivo de preocupación y denuncia por parte de los principales sindicatos, como UGT, CCOO y CSIF.
El deterioro de los servicios públicos en la región se ha convertido en un tema sensible, agravado por el envejecimiento de las plantillas y la amortización de plazas. Estos factores, combinados con un sistema de acceso a la función pública que se describe como lento y burocrático, han contribuido a la precarización laboral en el sector público.
Los sindicatos sostienen que estos problemas estructurales han impactado negativamente en la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. La falta de renovación en el personal y las dificultades para cubrir vacantes impiden una adecuada prestación de servicios, lo que genera preocupación entre los habitantes de la región.
A medida que las plantillas envejecen, la capacidad para implementar mejoras y adaptaciones a las nuevas demandas sociales se ve mermada. El estancamiento salarial y las condiciones laborales han generado descontento entre el personal, aumentando la presión sobre el gobierno regional para buscar soluciones efectivas y sostenibles a largo plazo.
La situación plantea la necesidad de un diálogo continuo entre las partes implicadas, en busca de medidas que permitan revitalizar el sector público en Castilla-La Mancha y garantizar una adecuada calidad en los servicios públicos.
Fuente: CCOO Castilla-La Mancha
