La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha dictado sentencia contra M.C.F., imponiéndole una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel por un delito de estafa agravada. La condena se deriva de su implicación en la apropiación ilícita de documentos históricos relativos a las minas de Almadén, que constituyen parte del Patrimonio Histórico Español.
De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, M.C.F. fue anteriormente condenado en 2016 por una infracción similar en la ciudad de Mérida. En esta ocasión, se presentó ante un vecino de Almadén como experto en antigüedades y como intermediario en la comercialización de este tipo de bienes. Convenció al propietario de los documentos para que firmara un contrato privado de compra por 152.000 euros, haciéndole creer que se abonaría más adelante.
A pesar de que los papeles todavía estaban en manos del vendedor original, M.C.F. negoció la venta de una parte de estos documentos por 3.500 euros a un tercero. En un encuentro posterior en la vivienda del dueño de los documentos, M.C.F. recibió un cheque por 1.300 euros de un interesado en los documentos, y en ese acto se llevó el resto de los documentos incluyendo los más valiosos históricamente, sin cumplir con el pago acordado.
Posteriormente, el condenado puso en venta en línea parte de los documentos obtenidos ilegalmente. El propietario original, actuando bajo una identidad falsa, contactó con «martinluis12131», el seudónimo utilizado por M.C.F. para la venta, y acordó la compra de los documentos. M.C.F. le solicitó el pago anticipado en la cuenta de S.C.C., su pareja sentimental.
La situación condujo a una denuncia que resultó en un auto de entrada y registro del juzgado de Almadén en la residencia de M.C.F., en Murtas, Granada. La policía encontró documentos originales, fotografías de antiguos documentos de los Fúcares, cuadros con sellos reales y otros papeles referentes a Almadén pertenecientes a la colección denunciada.
Finalmente, el tribunal no solo le impuso la pena privativa de libertad a M.C.F., sino también una multa económica de diez meses con una cuota diaria de 20 euros. De igual forma, se estableció que, en caso de impago, habrá una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas insatisfechas.
