El Consejo de Gobierno aprobó la Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que será una de las legislaciones más avanzadas en materia de crear un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, así como el instrumento idóneo para llevar adelante una gestión racional, eficaz y eficiente del patrimonio.

Se aprobó el proyecto de Ley de Patrimonio, instrumento para una gestión racional, eficaz y eficiente de los bienes de la Comunidad Autónoma 1

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, adelantó en rueda de prensa la aprobación en la reunión del Consejo de Gobierno de este proyecto de ley, que será registrado en las Cortes regionales para así empezar con su correspondiente tramitación parlamentaria.

Una tramitación que Ruiz Molina se mostró confiado en que se pueda desarrollar sin dificultades de índole política o ideológica, al tratarse de una norma “de carácter estrictamente técnico”.

El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una de las instituciones jurídicas previstas en el Estatuto de Autonomía y, cumpliendo con el mandato estatutario, en 1985 se aprobó la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, que fue desarrollada al año siguiente a través de un Decreto, por el cual se aprobó el reglamento para su aprobación.

Esta normativa se quedó obsoleta por los significativos cambios que se produjeron desde su promulgación hace 35 años, tanto en el ámbito normativo como en la propia configuración del patrimonio, lo que justifica la necesidad de aprobar una nueva Ley para gestión y administración del patrimonio, como explicó Ruiz Molina.

El proyecto de Ley que aprobó el Consejo de Gobierno tiene 138 artículos, que con más del doble de artículos de los que tiene la normativa actual, lo que, según resaltó Ruiz Molina, da una idea de hasta qué punto el nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno de Emiliano García-Page es una de las legislaciones más avanzadas y modernas en la materia.

“Ello permitirá”, ha continuado, que Castilla-La Mancha cuente con “un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, adaptado a las circunstancias actuales y acorde a la legislación básica del Estado en la materia”.

Adecuar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas enumeró en la rueda de prensa los principales objetivos de la nueva ley, entre los que se encuentra acomodar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades y a la situación actual del patrimonio regional.

En este sentido, Ruiz Molina explicó que desde 1985, la Junta de Comunidades viene experimentando un fuerte desarrollo orgánico y competencial, y además el patrimonio del que dispone se incrementó de forma considerable, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales.

Al respecto, añadió que de acuerdo al Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades tiene 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte y cerca de 750 bienes intangibles.

El segundo objetivo, en palabras de Ruiz Molina, es la actualización de la ley de acuerdo al marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonio, que sufrió una transformación de gran alcance en estos 35 años, así como la adecuación de la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo.

En tercer lugar, se pretende adaptar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial, incorporando nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones que regulan el patrimonio público.

Y por último, el cuarto objetivo es fomentar la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.

Nuevo régimen sancionador y regulación de los negocios jurídicos patrimoniales

La rueda de prensa del titular de Hacienda y Administraciones Públicas continuo con las principales novedades que incorpora la nueva normativa sobre el patrimonio, aunque, cómo resalto Ruiz Molina, se puede decir que es novedosa en su totalidad.

Entre estas novedades se encuentra la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades.

También el proyecto de Ley establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de forma que se regulan los supuestos para legitimar el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos de regulación.

Ruiz Molina explicó que también se regulan aspectos fundamentales de la tramitación de expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión, ajustando la tramitación a las normas y principios del procedimiento administrativo común; al tiempo que se acomete un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecúa a las prescripciones del resto de normativa administrativa.

También, es la primera vez que se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente del parque de oficinas administrativas.

Por último, Ruiz Molina mencionó la regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas terminó la presentación del proyecto de Ley ante los medios de comunicación destacando que “la nueva norma acabará con el desajuste que en este momento se produce entre la actual legislación patrimonial de la región y la realidad actual de la Comunidad Autónoma, de mayor entidad y complejidad que en el año 1985 en el ámbito institucional, organizativo, competencial y, consecuentemente, patrimonial”.