La Ley de Vivienda 12/2023 entra en vigor: ¿Qué cambios trae consigo?
El pasado viernes 26 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó el texto definitivo de la ley 12/2023 de 25 de mayo, que tiene como objetivo regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda. Esta ley es la primera ley estatal de vivienda desde la aprobación de la Constitución y trae consigo importantes novedades en la relación jurídica.
Uno de los aspectos más destacados de esta ley es la regulación de los precios de los alquileres. A partir de este año, la actualización anual del precio del alquiler está limitada a un 2%. Para el año 2024, la norma prevé que se pueda actualizar el alquiler como máximo un 3%. A partir de 2025, entrará en vigor un nuevo índice oficial que no permitirá incrementos superiores al IPC. Esta medida afectará tanto a viviendas propiedad de grandes tenedores como de pequeños propietarios.
La ley de vivienda también define al gran propietario como aquella persona física o jurídica con más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2. Asimismo, también se considera gran tenedor aquellos titulares de más de cinco inmuebles de uso residencial en la misma zona tensada, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma a la que pertenezca.
En cuanto a las zonas tensadas, la competencia para su declaración se mantiene en manos de las entidades locales, pero los requisitos se han rebajado. Ahora la declaración podrá hacerse efectiva cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: que el esfuerzo financiero supere el 30% de la renta media o que los precios hayan aumentado al menos tres puntos por encima del IPC.
La ley también mejora la protección al inquilino mediante la implementación de varias medidas. Por ejemplo, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria del arrendamiento de un año si se acredita una situación de vulnerabilidad económica o social. Además, los gastos y honorarios inmobiliarios deberán ser asumidos por el propietario, no por el inquilino.
En cuanto a los incentivos fiscales, la ley establece beneficios para los arrendadores de vivienda en el IRPF, así como un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles de uso residencial desocupados de forma permanente.
En resumen, la Ley de Vivienda 12/2023 trae importantes cambios en la regulación de los alquileres, define a los grandes propietarios y establece medidas de protección al inquilino. Sin embargo, parte de su desarrollo queda en cuestión debido a las próximas elecciones generales del 23 de julio.
