La gran mayoría de la representación sindical en la Mesa Sectorial de Educación ha respaldado este miércoles el acuerdo a seis años impulsado por el Gobierno de Emiliano García-Page sobre la mejora del sistema educativo regional y las condiciones laborales del personal funcionario docente no Universitario de Castilla-La Mancha.
En concreto, han dado el visto bueno al acuerdo la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación en Castilla-La Mancha (ANPE) y la Unión General de Trabajadores (UGT-Educación) que, junto a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, representan más del 75 por ciento de la composición total de la Mesa. Por contra, han votado en contra los sindicatos CCOO, CSIF y STE.
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha mostrado su satisfacción «por un acuerdo muy importante para la región que sigue dando cuenta del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la mejora de las condiciones laborales del profesorado y con la recuperación de los derechos laborales que se perdieron durante la legislatura del 2011 al 2015».
Dicho acuerdo, se establece en dos grandes bloques. El primero de ellos, que se ejecutará en los cursos 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025 contempla medidas de mejora de las condiciones laborales del profesorado; y el segundo de ellos, que se desarrollará en los cursos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028 recoge el compromiso del Gobierno regional de seguir avanzando en la negociación y en la mejora de las medidas articuladas en el primer bloque.
Entre las medidas recogidas en el acuerdo se encuentran la bajada de ratios progresiva en los próximos años tanto para los diferentes ciclos de Educación Infantil como Educación Primaria; así como el reconocimiento, a partir de este periodo lectivo, como nombramiento de curso escolar completo el de aquellos docentes interinos a los que se les adjudique, durante el mes de septiembre y octubre, una plaza para todo el curso, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Asimismo, para el Cuerpo de Maestros y Educación Especial se establece una primera bajada de las horas lectivas semanales, a partir del curso 2023-2024, a 24 horas; y para el de Enseñanzas Medias, a partir del curso 2024-2025, a 19 horas. Del mismo modo, se comprometen cinco ofertas de empleo público, con la máxima oferta que permita la ley, a convocar en los próximos años en coordinación con las comunidades autónomas limítrofes.
Además, se expone la aplicación de un conjunto de medidas complementarias como avanzar en el aumento del número de días de libre disposición en días no lectivos; regular el teletrabajo para reuniones; reducir la burocracia de los centros educativos; flexibilizar los criterios para la dotación de apoyos de Infantil; hacer las adjudicaciones de las sustituciones casi a la carta; consensuar un nuevo acuerdo de ordenación y gestión de las listas de aspirantes a interinos; y continuar implementando mejoras en la estrategia para la inclusión educativa.
La consejera ha destacado que «este acuerdo no es el único alcanzado durante esta legislatura, sino que se suma a otros como el Acuerdo de Itinerancias firmado el pasado junio o la oferta de empleo público de reposición, correspondiente a 2022, que se traducirá en 1.000 plazas a convocar en 2024 para el cuerpo de Maestros».
CSIF VOTA EN CONTRA
En nota de prensa, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se ha posicionado en contra del acuerdo, ha subrayado que la mejora de la enseñanza pública de la región pasa por la reversión de los recortes instaurados desde hace más de diez años, pero, a su juicio, «el documento presentado por la Consejería no se acerca a dicha reversión».
«No se bajan las horas lectivas de forma inmediata en Enseñanzas Medias ni se reducen las horas lectivas a los mayores de 55 años; no disminuyen las ratios; no se paga el verano a los interinos a partir de 5 meses y medio trabajados y no se reducen las horas lectivas a los mayores de 55 años, entre otros puntos», añade el sindicato.
El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, asegura que «se sigue maltratando a los interinos, además de no pagarles el verano hay un exceso de medias jornadas, y ahora como castigo se les obligará a hacer manuscrita la unidad didáctica en el proceso de oposición, del cual dependerá el convertirse o no en funcionarios, o el trabajar o no en los próximos años». Esta medida es contraria, dice, al plan de digitalización que está llevando a cabo la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha.
Además, según apunta, «no se reduce la burocracia; no se recupera el profesorado de apoyo en Educación Infantil a partir de seis unidades como estaba anteriormente; no se defiende la presunción de veracidad en las calificaciones que otorgan los profesores y tampoco se desarrolla la Ley de Autoridad del profesorado, por lo que se le deja desprotegido ante las conductas disruptivas de los alumnos».
«Por coherencia y porque no mejora la educación pública, desde CSIF no podemos firmar este acuerdo. Lamentablemente, la Consejería de Educación sigue manteniendo unos recortes a los que prometió poner fin», concluye Ranz.
