Durante su participación en un acto de homenaje póstumo a la magistrada Victoria Hernández, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, manifestó su profunda inquietud por la situación actual del sistema judicial. Según Rouco, una elevada carga de trabajo y el alto número de jubilaciones anticipadas de magistrados están poniendo en juego la eficiencia de la justicia en la región.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia enfatizó en la importancia de mantener la independencia del poder judicial para que pueda ejercer sus labores sin injerencias de otros poderes, asegurando que dicha independencia es clave para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos. Mencionó su descontento con la situación ocasionada por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y el consecuente impedimento que esto supone para el ejercicio pleno de sus competencias, incluyendo nombramientos de altos cargos judiciales.
En Castilla-La Mancha, varios cargos judiciales, entre ellos el del propio Rouco y el de la presidenta de la Audiencia Provincial, se han visto impactados por estas circunstancias. No obstante, aseguró que, a pesar de los obstáculos, se están haciendo grandes esfuerzos para mantener el funcionamiento normal de la justicia.
Rouco también señaló que las plazas de Guadalajara se encuentran menos afectadas, dado que los nombramientos que se rigen por antigüedad o méritos objetivos se siguen llevando a cabo con normalidad. Sin embargo, expresó gran inquietud sobre el futuro cercano, citando que se esperan unas 1.800 jubilaciones de jueces en los próximos ocho años, lo cual representa una cifra preocupante dado que corresponde a un tercio del cuerpo actual de más de 5.000 jueces en España.
La cuestión de fondo radica en la eficacia y rapidez con la que se repone a los jueces que se jubilan, siendo responsabilidad del Ministerio de Justicia convocar las oposiciones necesarias. Ante esto, Rouco insta al incremento en el número de plazas en oposiciones para cubrir las vacantes inminentes, con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades del sistema judicial y evitar un declive en la capacidad operativa y en el servicio a la ciudadanía.
