Repara tu Deuda Abogados, líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer en Barcelona que ha quedado liberada de una deuda de 40.186 euros que no podía asumir. La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015, y cada vez son más las personas que buscan acogerse a esta legislación para empezar una nueva vida y cancelar sus deudas. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos han acudido al bufete para reactivarse.
Para tener garantías de éxito en estos procesos, es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados especializado y profesional que tenga casos de éxito demostrables. Repara tu Deuda pone a disposición de cualquier ciudadano las sentencias dictadas por los juzgados españoles en las que ellos han participado para ofrecer confianza a quienes acuden a ellos. En la actualidad, Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España, con más de 130 millones de euros exonerados a sus clientes procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.
El BEPI es una figura prevista en la Ley de Segunda Oportunidad española que permite al deudor liberarse de las deudas pendientes después de haber realizado una quita a los acreedores y liquidado su patrimonio, incluso de mantener una deuda de por vida. Tras el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor puede empezar de nuevo sin deudas pendientes y con una situación económica saneada.
Bertín Osborne, imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para difundir el conocimiento de la ley entre la población: «Se trata de un mecanismo que puede ayudar a muchísimas personas en situación de insolvencia a salir del agujero en el que se encuentran. Por esta razón, es importante contar con rostros que nos permitan llegar cada día a más particulares y autónomos, con el ánimo de ayudarles a empezar desde cero».
Para ser beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad, basta con que el importe de la deuda no sea superior a los 5 millones de euros, que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que sea un deudor de buena fe, actuando con total transparencia y colaboración durante todo el proceso.
