El presidente Donald J. Trump ha firmado recientemente una orden ejecutiva que promete reformar el sistema de acreditación en la educación superior en Estados Unidos. Esta medida responde a un creciente descontento por las deficiencias en la calidad educativa que han dejado a muchos estudiantes con una carga deudas abrumadora y títulos que no ofrecen el retorno de inversión esperado.
La orden ejecutiva establece que el Secretario de Educación tendrá la responsabilidad de supervisar a los acreditadores, esos organismos que determinan qué instituciones de educación pueden acceder a más de 100 mil millones de dólares en préstamos federales y subvenciones Pell cada año. Se les exigirá rendir cuentas y se contemplan acciones que incluyen la denegación, suspensión o incluso la revocación del reconocimiento de acreditación en caso de un mal desempeño o violaciones a las leyes federales de derechos civiles.
Uno de los objetivos principales de esta reforma es corregir el enfoque actual que, según la administración, prioriza la conformidad ideológica sobre el éxito académico. Esto ha llevado a que instituciones de baja calidad reciban acreditación, lo que se traduce en tasas de graduación insatisfactorias; en 2020, solo el 64% de los estudiantes de pregrado logró culminar su carrera en seis años. Además, el informe destaca que casi el 25% de los títulos de licenciatura y más del 40% de los de maestría no ofrecen un retorno positivo sobre la inversión.
La orden también aborda prácticas discriminatorias en la acreditación, como las impuestas por la American Bar Association en las facultades de derecho, que han sido criticadas por aplicar preferencias raciales que son consideradas ilegales. Lo mismo ocurre en el ámbito de la educación médica, donde se imponen estándares que priorizan la diversidad y la inclusión sobre la calidad de la formación.
Con este nuevo enfoque, la administración espera reorientar la acreditación hacia principios centrados en el estudiante. Esto incluye la reanudación del reconocimiento de nuevos acreditadores para fomentar la competencia y la obligación de que las instituciones utilicen datos de resultados estudiantiles centrados en el programa para mejorar la calidad educativa, sin que factores como raza, etnia o sexo se interpongan en el camino.
La Casa Blanca promueve que esta transformación es esencial para restaurar la confianza pública en la educación superior, empoderando así a estudiantes y familias para tomar decisiones más informadas sobre su educación. Estas reformas se suman a los esfuerzos de la administración por implementar el derecho a la opción escolar y aumentar la transparencia en los costos universitarios, creando un marco que apunta a ofrecer una educación de alta calidad y que evite las prácticas explotadoras en un sistema que necesita de un cambio radical.
Fuente: WhiteHouse.gov
