En el escenario actual del alquiler vacacional en Panamá, las restricciones legales, específicamente en el Distrito de Panamá, han generado un panorama desafiante para propietarios y operadores. La normativa existente, articulada en la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012, establece que los arrendamientos por menos de 45 días sin un permiso de alojamiento público turístico están prohibidos, sentando las bases para regulación y control del hospedaje temporal no autorizado.
Las autoridades locales no han escatimado esfuerzos en implementar medidas activas para cerrar y penalizar los alojamientos clandestinos. Las multas impuestas varían entre 5,000 y 50,000 dólares americanos, dependiendo de la gravedad de la infracción y si se trata de una reincidencia, evidenciando la firmeza de la política regulatoria del país en este sector.
Frente a este panorama, las empresas de alquiler vacacional, que han visto un crecimiento exponencial en los últimos años, se encuentran en una posición donde necesitan negociar y proponer nuevas formas de regulación. Estas compañías, criticadas por la industria hotelera por promover una competencia desleal, proponen una alternativa a la reglamentación de 45 días: un impuesto del 10% sobre los ingresos por alquileres realizados a través de estas plataformas en la Ciudad de Panamá. Este impuesto no solo buscaría controlar el mercado sino también recaudar fondos para promocionar internacionalmente a Panamá como destino turístico, creando un escenario de beneficio mutuo.
La disputa entre la industria hotelera y las empresas de alquiler vacacional como Airbnb, Vrbo, o Quartier, gira en torno a cómo mejorar la promoción internacional del país para incrementar la ocupación hotelera versus defender la economía colaborativa, ofreciendo experiencias únicas a precios más variados. Quartier, por ejemplo, destaca por su modelo de negocio, atrayendo tanto a turistas como a profesionales en viajes de negocios que buscan la flexibilidad de un apartamento con las comodidades de un hotel.
El futuro del alquiler vacacional en Panamá se encuentra, por tanto, en una encrucijada, enfrentando desafíos regulatorios pero también abriendo puertas a un diálogo constructivo entre las partes. La manera en que se solucionen estas discrepancias determinará el rumbo de la industria en Panamá, buscando siempre un equilibrio que beneficie tanto a la economía local como las necesidades de los visitantes internacionales.
