Los grupos parlamentarios de PP y Cs en las Cortes regionales han criticado este jueves al PSOE por utilizar su Proposición de Ley de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables en Castilla-La Mancha para modificar otras leyes de la Comunidad Autónoma, mientras que los socialistas han defendido que su único objetivo es el de mejorar la gestión de estos proyectos.
Así se han posicionado todos los grupos parlamentarios durante el pleno de las Cortes autonómicas en el que el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, también ha intervenido para poner en valor la «necesidad» de un texto como este en Castilla-La Mancha.
El parlamentario del PSOE Julián Martínez, encargado de defender la proposición socialista, ha defendido que esta ley servirá para «ser más ágiles» en la tramitación de proyectos de renovables y para «poner en correlación» a la Comunidad Autónoma con lo aprobado en el Real Decreto que prorrogaba las medidas de ayuda en el sector. «Pretendemos mejorar el terreno para nuestros ciudadanos», ha añadido.
Asimismo, ha afirmado que esta norma busca el aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation, ya que con ellos «se nos presenta una ocasión única» para mejorar en lo que a renovables se refiere.
Por otra parte, Martínez ha criticado que desde la oposición se hayan presentado únicamente enmiendas de supresión y, en cambio, no se haya presentado una enmienda a la totalidad, opinando que Cs y PP no lo han hecho por vaguería, ya que hubieran tenido que elaborar un texto alternativo.
CS: «NO HAY POR DONDE COGERLA»
Por parte de Cs, la diputada Elena Jaime ha asegurado que esta proposición «no hay por donde cogerla» y ha criticado que se aproveche el texto para modificar otras siete leyes como la Ley de Despoblación, la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, la Ley de Aguas, la que regula Geacam o la Ley de Extinción de Cámaras Agrarias.
Por ello, ha defendido que las cinco enmiendas de su grupo sean de supresión, apuntando que la proposición «tiene muy poco de agilización y mucho de otras cosas que no tienen nada que ver».
«Hemos hablado con bastantes personas del sector y todos están de acuerdo en algo: no se necesita una Proposición de Ley para agilizar los trámites, lo que se necesita es que la Administración cumpla los plazos que se pone a si misma», ha rematado.
PP CREE QUE ES UNA LEY «INTERESADA»
De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto se ha referido también al hecho de que se use este texto para la modificación de otras leyes, por lo que ha considerado que esta es «una ley interesada que no busca el interés general» sino que es «progubernamental, para su uso y disfrute» por parte del PSOE.
Prieto ha incidido en que el «mal diseño regulatorio» del Gobierno regional ha hecho que se hayan recibido solicitudes de proyectos de renovables «muy por encima» de las que el plan nacional a este respecto recoge como necesarias, opinando que ahora, con esta normativa, «se abre una puerta al caos».
Por ello, ha pedido a los socialistas que esperen a la legislación nacional sobre el tema, que está en tramitación, y ha asegurado que «con menos prisas y un estudio más detallado se hubiera conseguido una herramienta legislativa de utilidad».
ESCUDERO: «TENEMOS QUE HACER ALGO»
El consejero de Desarrollo Sostenible ha sido el encargado de cerrar el debate realzando que esta Proposición de Ley responde a la «necesidad» de «tomar medidas excepcionales» en unos momentos que también lo son. «La UE nos ha enseñado, a través del Pacto Verde Europeo y el Next Generation, un camino que está suponiendo un revulsivo para paliar algunos de los problemas» que suscita el contexto actual.
«Si queremos tomar medidas para acelerar esa transición energética tenemos que hacer algo. Lo que no se puede decir es que tenemos que agilizar pero al mismo tiempo no hacer nada», ha explicado.
Escudero ha especificado que esta normativa tiene por objetivo agilizar los proyectos de energías renovables de menos de 50 Mw de potencia, ya que los proyectos superiores son competencia estatal.
Además, ha defendido el uso del procedimiento simplificado para dichos proyectos, ya que «permite reducir a la mitad los procedimientos», por lo que es «una muy buena medida y eficaz» para perseguir esa agilización.
Sin embargo, ha aseverado que esta simplificación no se hace «menoscabando la protección ambiental en absoluto», ya que se lleva a cabo únicamente en aquellos proyectos que están fuera de la zona Red Natura 2000 y en zonas calificadas por el Gobierno central como de baja sensibilidad en el instrumento de zonificación ambiental elaborado por el Gobierno central.
