En varias ciudades del país, cientos de personas se han congregado para expresar su oposición a la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa. Los manifestantes argumentan que, lejos de agilizar los trámites burocráticos, la nueva normativa podría perjudicar a los ciudadanos al reducir los controles y supervisiones en ámbitos sensibles como el medio ambiente y la salud pública.
Los críticos sostienen que la ley disminuirá la transparencia en la toma de decisiones, permitiendo un margen más amplio para la discrecionalidad administrativa. Aunque el gobierno ha defendido la medida afirmando que busca eliminar barreras innecesarias y promover la eficiencia en la administración pública, la desconfianza se ha extendido entre diversos sectores de la sociedad. Organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos destacan que algunos procesos vitales podrían simplificarse en detrimento de la rigurosidad, incidiendo negativamente en la protección de los recursos naturales y la seguridad de los productos disponibles para los consumidores.
Las protestas, mayoritariamente pacíficas, han tenido lugar en plazas céntricas de las principales ciudades, donde los manifestantes han expresado su preocupación por el impacto potencial de la ley. Mientras tanto, el gobierno planea lanzar una campaña informativa para tratar de calmar las inquietudes y explicar detalladamente los beneficios previstos por la nueva legislación.
Este disenso refleja una polarización creciente entre la necesidad de modernizar y hacer más efectiva la gestión pública y el temor a que dichos cambios se realicen sin las debidas salvaguardias, comprometiendo estándares de calidad y responsabilidad en la gestión de servicios esenciales para la ciudadanía.
Fuente: CCOO Castilla-La Mancha
