El reciente decreto presidencial establece una clara política federal en torno a la categorización de género, enfatizando la distinción biológica entre hombres y mujeres. Esta orden, emitida en el marco de una creciente preocupación por el impacto de la ideología de género en espacios destinados a mujeres, busca defender los derechos de las mujeres y restablecer lo que se considera la "verdad biológica" en la legislación federal.
El documento señala que, en diversos contextos, los debates sobre la identidad de género han llevado a políticas que permiten a los hombres autoidentificarse como mujeres, afectando el acceso a espacios seguros para las mujeres, como refugios para víctimas de abuso doméstico y áreas de trabajo. El comunicado presidencial argumenta que esta erupción de ideologías que niegan la biología femenina está poniendo en riesgo la dignidad y la seguridad de las mujeres, así como debilitando la estructura misma del sistema estadounidense.
El decreto claramente define términos clave como "sexo", "hombre", "mujer", "niño" y "niña", reafirmando que estas categorías están ancladas en la biología y no en construcciones sociales de género. De acuerdo con la nueva política, el concepto de "identidad de género" queda separado de las categorías biológicas; es una noción que se considera profundamente subjetiva y desconectada de la realidad biológica.
Procedimientos para la implementación de esta política incluyen la revisión y modificación de documentos y políticas gubernamentales para cumplir con esta nueva visión, así como la eliminación de toda referencia a ideologías de género en el contexto de la administración federal. La orden establece que las agencias deben asegurar que la documentación oficial refleje claramente estos términos, y promueve la idea de que el uso del lenguaje y las definiciones precisas son esenciales para mantener la claridad y la integridad de las políticas de protección de sexos.
El decreto también directiva a agencias a que cesen el uso de financiación federal para promover ideologías de género. Esto tiene implicancias significativas para proyectos que anteriormente recibían apoyo, excluyendo aquellos que no se alinean con esta nueva normativa.
Además, establece protocolos para cuerpos de seguridad y salud, asegurando que las políticas vigentes no permitan la detención de hombres en cárceles de mujeres, entre otras directrices para mantener la privacidad y la seguridad en espacios íntimos definidos por sexo biológico.
Finalmente, la orden implica una reevaluación de cómo se aplican las leyes de derechos civiles en relación a la discriminación basada en sexo y establece un camino claro para que cualquier interpretación de la Corte Suprema, como el caso de Bostock v. Clayton County, sea ajustada conforme a esta interpretación, sugiriendo una postura más restrictiva frente a la inclusión de identidades de género en normativas diseñadas para proteger a mujeres y hombres según sus características biológicas.
La medida ha generado reacciones encontradas. Mientras que algunos aplauden un regreso a definiciones más tradicionales y claras respecto al sexo y género, otros ven en ella un retroceso en la lucha por los derechos de las personas trans y la diversidad de identidades de género. La implicancia de este decreto se siente ya en múltiples niveles de la sociedad, desde el ámbito educativo hasta el laboral, y plantea un nuevo capítulo en el debate sobre el género en Estados Unidos.
Fuente: WhiteHouse.gov
