La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha lanzado una advertencia sobre los peligros de avanzar hacia un modelo de financiación autonómica «a la carta». Este sistema podría negociarse de forma bilateral con comunidades como Cataluña y reducir drásticamente los recursos del Estado para garantizar la cohesión social y territorial.
Fedea ha presentado estas valoraciones en un informe expuesto por su director, Ángel de la Fuente, durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica. El documento incluye diversas notas sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica y local.
El contexto actual suscita particular inquietud en Fedea debido a los acuerdos de investidura entre el PSOE y partidos independentistas, que según la fundación podrían limitar la capacidad redistributiva de la financiación regional y la contribución a los gastos estatales. Pese a que el modelo de financiación diferenciada ya se aplica en las comunidades forales del País Vasco y Navarra, Fedea sugiere corregir esta situación gradualmente y evitar su extensión a otras comunidades autónomas.
El informe de Fedea recalca que ciertas reivindicaciones independentistas, como la financiación específica para Cataluña, podrían llevar a la retención de recursos esenciales, debilitando la administración central. De la Fuente ha advertido sobre el riesgo de encaminarse hacia un modelo federal en el que cada comunidad autónoma maneje sus propios recursos de forma independiente, una situación que podría propagarse a otras regiones si se accede a las demandas actuales.
Para abordar estas preocupaciones, Fedea propone una reforma por etapas, priorizando un fondo de nivelación inmediato de 3.000 millones de euros destinado a comunidades infrafinanciadas como Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Esta primera fase debería financiarse completamente con fondos estatales.
En una segunda etapa, Fedea sugiere abordar aspectos técnicos como la revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta que refleje las decisiones tributarias autonómicas y la recaudación real. Mientras tanto, recomienda abrir negociaciones entre partidos y comunidades autónomas para alcanzar un consenso sobre las reformas necesarias.
El informe concluye que, para que la reforma sea posible y transcurra de forma pacífica, se requiere un acuerdo mínimo entre los principales partidos nacionales, aunque también se busca incluir a otras fuerzas políticas y comunidades autónomas, siempre que no comprometan el funcionamiento equitativo del sistema.
