El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su Consejo de Gobierno, ha dado luz verde al anteproyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha comunicado que se espera la promulgación de la ley en las Cortes de Castilla-La Mancha para octubre de 2024.
Durante una rueda de prensa este miércoles, Padilla detalló que los consejos sociales de las universidades son entidades que integran representantes de la sociedad civil de la región y de la comunidad universitaria. Estos organismos juegan un papel esencial en la gobernanza universitaria, sirviendo de puente entre la institución y la sociedad a la que sirve.
La norma vigente, que data de 2003, establece la estructura y funciones del Consejo Social Universitario de Castilla-La Mancha. Según informó Padilla, la nueva legislación incluye una serie de modificaciones, todas ‘consensuadas’ tanto con los integrantes del Consejo Social como con la UCLM.
Una de las innovaciones más destacadas de la ley concierne la nominación de miembros. A diferencia del sistema actual, en el que el Consejo de Gobierno propone a los representantes del Consejo Social, el nuevo proceso implica que las propuestas lleguen desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes directamente a las Cortes regionales, que serán responsables de ratificar dichas designaciones.
Padilla también señaló la necesidad de adaptar la normativa a las exigencias de la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), lo que incluye que el Consejo Social elabore un plan estratégico trienal. Este plan tiene como propósito aumentar la dinamización del Consejo, fortalecer la vinculación con el entorno socioeconómico, así como mejorar la captación de recursos y la relación con el estudiantado.
La captación de fondos de origen externo significará una nueva posibilidad para establecer colaboraciones o convenios con empresas, intensificando así los recursos destinados a la investigación en la UCLM.
Se contempla un aumento de la composición del Consejo Social de 19 a 21 miembros, incorporando ahora a un representante enfocado en inclusión —proveniente del tercer sector— y otro del ámbito de la economía social.
Sumado a esto, la nueva ley abordará la igualdad de género, estableciendo que el Consejo Social mantenga un equilibrio de género y promueva el uso de un lenguaje inclusivo en sus documentos. La transparencia es otro pilar que se verá fortalecido, incrementando la rendición de cuentas y ofreciendo un control interno más directo de la universidad por parte del Consejo.
Con la aprobación de este anteproyecto, Castilla-La Mancha busca reforzar su comunidad universitaria y llevar el Consejo Social más cerca de los sectores que representan intereses sociales dentro de la región.
«Seremos una de las primeras comunidades autónomas en hacer estos cambios en los consejos sociales universitarios», destacó Padilla, señalando el liderazgo regional en materia de participación, transparencia y democratización de estas entidades.
