En un movimiento contundente contra las denominadas “ciudades santuario”, el presidente Donald J. Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva destinada a reforzar la aplicación de la ley federal en jurisdicciones que desacatan las normativas de inmigración. El objetivo central de esta medida es proteger a los ciudadanos estadounidenses de los posibles peligros asociados con la presencia de inmigrantes ilegales en estas áreas.
La orden estipula que el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional elaborarán una lista de estados y localidades que obstruyen la implementación de la ley de inmigración federal. Estas jurisdicciones recibirán una notificación sobre su incumplimiento y se les dará la oportunidad de rectificar su situación antes de enfrentar repercusiones.
Entre las medidas previstas, se destaca que las jurisdicciones que persistan en su negativa a cumplir con la ley podrían perder financiamiento federal. Esta característica refleja un enfoque agresivo por parte del gobierno federal para asegurar que todas las entidades locales se alineen con las políticas nacionales sobre inmigración.
El presidente subraya la importancia de restaurar el orden en la aplicación de estas leyes, argumentando que millones de inmigrantes ilegales, incluidos criminales y potenciales terroristas, han cruzado las fronteras bajo la administración de Biden. Trump ha señalado que la actitud de algunos funcionarios estatales y locales, quienes desafían abiertamente las normativas federales, representa una insurrección que compromete la soberanía territorial del país.
Entre los casos que el mandatario ha mencionado, se encuentra el de Massachusetts, donde varios inmigrantes ilegales acusados de delitos graves, incluyendo violaciones, fueron liberados a pesar de las solicitudes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este escenario, argumenta Trump, incrementa los riesgos de seguridad nacional y viola, en muchos casos, leyes federales que prohíben la obstrucción de la justicia y el amparo a inmigrantes ilegales.
Trump ha manifestado su determinación de erradicar las ciudades santuario, asegurando que estas protegen a los criminales en lugar de a las víctimas. Su retórica ha sido enfática: “¡No más ciudades santuario! Deshonran a nuestro país y están siendo objeto de burla en todo el mundo. Estoy trabajando en documentos para retener todos los fondos federales para cualquier ciudad o estado que permita la existencia de estos trampas mortales”.
La nueva orden ejecutiva no solo busca el cumplimiento de la ley, sino también la creación de mecanismos que impidan a los inmigrantes ilegales recibir beneficios públicos, asegurando que los recursos federales se destinen exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses.
En resumen, el anuncio de Trump se presenta como un esfuerzo decidido por restaurar la legalidad en torno a la inmigración en Estados Unidos, al tiempo que plantea un desafío directo a aquellas localidades que han adoptado posturas contrarias a las políticas federales. La implementación de esta orden podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y las ciudades santuario, desatando un nuevo debate sobre la inmigración y la seguridad en el país.
Fuente: WhiteHouse.gov
