En un movimiento que ha generado reacciones diversas, el presidente Donald J. Trump ha firmado una orden ejecutiva destinada a acabar con la subsidización de los contribuyentes hacia políticas de inmigración ilegal. Esta medida busca garantizar que los recursos de los impuestos se utilicen exclusivamente para beneficiar a los ciudadanos estadounidenses.
La nueva orden instruye a las agencias federales a identificar los programas financiados con fondos públicos que actualmente ofrecen beneficios a inmigrantes indocumentados, estableciendo la necesidad de tomar medidas correctivas. Además, se asegura que los fondos federales que se envían a estados y localidades no serán utilizados para apoyar políticas de «santuario» ni para facilitar la inmigración ilegal. La orden también incluye un mandato sobre la mejora de los procesos de verificación de elegibilidad para evitar que los beneficios lleguen a personas presentes ilegalmente en el país.
La administración Trump subraya la importancia de preservar los beneficios federales para los ciudadanos verdaderamente necesitados, señalando particularmente a las personas con discapacidades y a los veteranos. Se argumenta que el aumento de la inmigración ilegal, impulsado por políticas del gobierno anterior, ha desviado recursos críticos de los contribuyentes y ha tensado los presupuestos estatales y locales.
Las cifras son contundentes. Según el Centro para Estudios de Inmigración, proporcionar asistencia social a un millón de indocumentados podría costar a los contribuyentes estadounidenses hasta 3 mil millones de dólares anuales. Adicionalmente, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha estimado que el costo total de atender a inmigrantes ilegales que han ingresado al país desde enero de 2021 podría llegar a 451 mil millones de dólares.
Trump se presenta como un defensor de una política de inmigración más estricta. Desde su llegada al cargo, ha tomado numerosas medidas para reforzar la seguridad en la frontera, incluyendo la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur y el reinicio de la construcción del muro fronterizo. La administración ha desplegado personal militar adicional y ha denominado a organizaciones criminales internacionales como carteles y otros grupos violentos como organizaciones terroristas.
Entre otras iniciativas, se ha suspendido la entrada de ciertos inmigrantes y se ha exigido un proceso de verificación más riguroso. Además, se han revocado numerosas políticas de inmigración implementadas durante la administración anterior que, según los críticos, habían permitido una mayor llegada de indocumentados.
Esta orden ejecutiva representa un intento de Trump por cerrar la puerta a aquellos que buscan llegar a Estados Unidos de manera ilegal, poniendo al mismo tiempo en primer plano el bienestar de quienes viven y contribuyen al país legalmente. Mientras tanto, reacciones políticas y sociales se han multiplicado, reflejando la polarización que genera el debate migratorio en la nación.
Fuente: WhiteHouse.gov
