En una decisión que podría marcar un antes y un después en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a unificar las normativas sobre la IA a nivel nacional. Esta medida busca evitar un entorno legal confuso y oneroso creado por las diversas leyes estatales que han surgido en los últimos años, y que, según el gobierno, amenazan la innovación y competitividad del país en este campo emergente.
La nueva orden establece la creación de una Fuerza de Tarea de Litigios sobre IA, cuyo papel será desafiar las leyes estatales que se consideren inconstitucionales o que interfieran con la política nacional de inteligencia artificial. Además, se instruye al Secretario de Comercio a evaluar leyes estatales que podrían entrar en conflicto con las prioridades nacionales, con la opción de restringir financiamiento federal a aquellos estados que mantengan regulaciones dañinas para la innovación.
El presidente argumenta que las legislaturas estatales han introducido más de 1,000 diferentes propuestas de ley sobre IA, creando una maraña de reglas y requisitos que solo añaden complejidad y costos a las empresas tecnológicas. Estados como California y Colorado están en el centro de esta controversia, considerando medidas que podrían obligar a las empresas a censurar ciertos contenidos o hasta insertar ideologías en sus modelos de IA. Esto, advierte el gobierno, no solo perjudica la libertad de innovación, sino que también podría poner a las empresas estadounidenses en desventaja frente a sus competidores internacionales.
El enfoque del presidente se basa en promover un marco legislativo que suprima las leyes estatales más restrictivas, permitiendo que la tecnología florezca sin las cargas regulatorias que tanto pueden frenar el progreso. Según Trump, “la inversión en IA está ayudando a hacer de la economía de EE. UU. la más ‘caliente’ del mundo, pero la sobrerregulación está amenazando este motor de crecimiento”.
Dentro de este contexto, la administración también ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos, sobre todo la seguridad de los menores en el entorno digital. Se menciona la aprobación de leyes como la Take It Down Act, diseñada para desenmascarar el uso indebido de la tecnología profunda, que puede llevar a la explotación de la juventud.
La orden ejecutiva firmada se alinea con el plan de acción sobre IA del presidente, lanzado en julio de 2025, que aboga por la reducción de regulaciones onerosas y el establecimiento de estándares federales claros. En un ambiente donde la tecnología evoluciona rápidamente, la administración parece estar tomando medidas decisivas para que Estados Unidos mantenga su posición de liderazgo en la carrera global de la inteligencia artificial.
Así, este paso no solo refleja una estrategia a corto plazo, sino que busca sentar las bases de un futuro donde el desarrollo y la innovación en IA puedan prosperar en un terreno regulatorio uniforme y favorable. La intención es clara: asegurar que Estados Unidos no se quede atrás en la revolución tecnológica que define nuestra era.
Fuente: WhiteHouse.gov
