El gobierno de Donald J. Trump ha dado un paso significativo hacia la reestructuración de la responsabilidad dentro de la burocracia federal. La Oficina de Gestión de Personal (OPM) ha propuesto una nueva categoría de empleados federales, denominada Schedule Policy/Career, que busca simplificar los procedimientos de despido y fomentar la rendición de cuentas en posiciones de influencia política.
Según la propuesta, estos empleados estarán sujetos a menos restricciones en cuanto a despidos y no tendrán acceso a los complicados procedimientos y apelaciones previas que tradicionalmente han protegido a los empleados con bajo rendimiento. Este cambio se produce como parte de un esfuerzo más amplio para restablecer la responsabilidad en el sector público y reformar un sistema que, según las estadísticas, ha mostrado fallas significativas en el control del rendimiento de los empleados.
El OPM estima que alrededor de 50,000 posiciones podrían ser reclasificadas bajo este nuevo esquema, lo que representa cerca del 2% de la fuerza laboral federal. Sin embargo, la implementación de este cambio no se realizará de inmediato, sino que estará sujeta a un futuro decreto ejecutivo tras la aprobación de la norma final. Es importante destacar que el nuevo marco afectará principalmente a los empleados en roles de toma de decisiones políticas, excluyendo en general a aquellos en posiciones operativas, como los agentes de la Patrulla Fronteriza.
La propuesta surge en respuesta a las preocupaciones sobre la falta de responsabilidad en el Gobierno. La Encuesta de Principios de Mérito reveló que menos del 25% de los empleados federales creen que sus agencias manejan adecuadamente el bajo rendimiento. Muchos afirmaron que, a menudo, los empleados con bajo rendimiento permanecen en sus puestos, sin enfrentar consecuencias por su desempeño.
Además, el caso reciente del seguro de depósitos muestra cómo el sistema actual puede permitir que la corrupción y el mal comportamiento se normalicen dentro de las agencias. Un informe de auditoría destacó conductas inapropiadas por parte de altos directivos en la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), sin que se tomaran en serio las denuncias ni se impusieran sanciones adecuadas a los responsables.
Estos cambios también abordan un problema más amplio: la desventaja que enfrentan los funcionarios electos para implementar sus políticas. A menudo, los empleados de carrera, con protección en el sistema actual, eligen ignorar las órdenes presidenciales que consideran impopulares o contrarias a sus propias creencias. Esta situación puede socavar la operatividad del gobierno y afectar la confianza pública en la democracia.
La nueva regulación también contrarresta la derogación de la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que había establecido la clasificación de algunos empleados federales bajo la categoría de «Schedule F», diseñada para aumentar la responsabilidad de aquellos en posiciones influyentes. A lo largo de esta nueva administración, Trump ha reiterado su compromiso de desmantelar lo que él denomina el «estado profundo» y reinstaurar la responsabilidad en la administración pública, un tema central en su campaña electoral.
Transformaciones como esta son vistas por algunos como un intento de devolver a los funcionarios electos el control sobre su administración, al tiempo que se promueve un gobierno más eficiente y alineado con los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, la implementación y el impacto de estas medidas a largo plazo aún están por verse, así como las reacciones que provocarán en el ámbito político y administrativo.
Fuente: WhiteHouse.gov
