En una reciente acción que promete transformar el panorama energético de Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar las subvenciones que, según su administración, distorsionan el mercado de fuentes de energía consideradas ineficaces y principalmente controladas desde el extranjero. Esta decisión se enmarca dentro del denominado «One Big Beautiful Bill Act».
La medida implica la clausura de incentivos fiscales para la producción y la inversión en energía limpia relacionada con la energía eólica y solar. Con esta acción, Trump busca que el Secretario del Tesoro elimine estos créditos tributarios y asegure que las políticas de energía favorezcan a fuentes más «reliables» y disponibles, en detrimento de las renovables menos predecibles.
El presidente ha subrayado que esta decisión no solo se fundamenta en razones económicas. Según él, la dependencia de fuentes de energía como la solar y la eólica no solo afecta el estado de la red eléctrica del país, sino que también pone en riesgo su seguridad nacional al depender de cadenas de suministro controladas por adversarios extranjeros. Para Trump, cesar estas ayudas financieras es un paso crucial no solo hacia la auto-suficiencia energética, sino también hacia la estabilidad económica y fiscal del país.
En su visión de energía estadounidense, el presidente promueve un enfoque diverso que incluye el aprovechamiento de fuentes como la nuclear y los combustibles fósiles, así como nuevas tecnologías. Su proclamación de una «Emergencia Nacional Energética» establece un marco para eliminar barreras burocráticas que, según él, impiden la innovación y el crecimiento económico.
Entre las rutas planteadas para lograr esta independencia energética, la creación del Consejo Nacional de Dominio Energético es un intento de simplificar los procesos regulatorios y fomentar la inversión del sector privado. Trump sostiene que al desbloquear el potencial energético de Estados Unidos es posible generar empleos, mejorar el balance comercial, y enfrentar mejor a potencias extranjeras que buscan competir o incluso socavar la posición estadounidense en el escenario global.
Con esta iniciativa, la administración de Trump busca consolidar lo que considera un derecho fundamental: el acceso a una energía asequible, fiable y productiva. La política, sin embargo, ha suscitado preocupaciones y críticas, especialmente sobre su impacto en el medio ambiente y en la viabilidad a largo plazo de las energías renovables. De este modo, el debate sobre el futuro energético del país se intensifica, planteando preguntas sobre el equilibrio entre seguridad, economía y sostenibilidad ambiental.
Fuente: WhiteHouse.gov
