En un esfuerzo por consolidar la independencia energética de Estados Unidos y contrarrestar las regulaciones estatales que considera injustas, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar obstáculos impuestos por los gobiernos estatales a la producción de energía nacional. Esta medida tiene como objetivo reforzar la capacidad del país para explorar y utilizar sus recursos energéticos sin interferencias que, según el mandatario, son inconstitucionales o contrarias a la ley federal.
El nuevo decreto ordena al Procurador General identificar y emprender acciones legales contra aquellas legislaciones estatales que penalizan el uso de recursos energéticos nacionales, específicamente aquellas que se relacionan con iniciativas de «cambio climático» o políticas de «justicia ambiental». Entre estas se encuentran las leyes que regulan las emisiones de carbono y los impuestos relacionados con ellas. Se espera que el Procurador General presente un informe al presidente en un plazo de 60 días, detallando las acciones tomadas y sugiriendo nuevas medidas para proteger la energía estadounidense.
Trump argumentó que un suministro de energía asequible y confiable es esencial no solo para el bienestar económico, sino también para la seguridad nacional. En su discurso, el presidente destacó que la intervención estatal en la regulación de la energía, como ocurre en estados como Nueva York y California, ha resultado en un aumento de los precios de la energía, comprometiendo la calidad de vida de las familias estadounidenses. Estas políticas, que incluyen leyes retroactivas sobre contribuciones pasadas a las emisiones de gases de efecto invernadero, se perciben como un ataque a la industria de la energía y a la economía en general.
El mandatario reiteró su compromiso de detener la sobreregulación estatal que considera perjudicial para el país. Esta orden ejecutiva se suma a otras decisiones que han marcado su administración, como la revocación de políticas ambientales de California y la amenaza de retirar financiamiento federal de gobiernos locales que no cumplan con las leyes de inmigración.
Con esta reciente acción, el presidente Trump subraya la importancia de un enfoque unificado en la política energética, argumentando que la diversidad de regulaciones estatales puede llevar a un caos que perjudica no solo a la industria, sino también a los consumidores. La administración busca, de esta manera, sentar las bases para un futuro energético próspero y sostenible que beneficie a todos los estadounidenses.
Fuente: WhiteHouse.gov
