En un reciente paso hacia la regulación del ejercicio profesional legal, el presidente Donald J. Trump ha firmado una memorando que busca la rendición de cuentas de abogados y despachos legales que incurren en conductas poco éticas al litigar contra el gobierno federal. Esta medida, anunciada hoy, enfatiza la necesidad de mantener la integridad del sistema jurídico, particularmente en casos que amenazan la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad electoral del país.
El memorando establece que el Fiscal General debe priorizar la búsqueda de sanciones contra aquellos abogados y firmas que participen en litigios frívolos, irrazonables o perjudiciales. «Es imperativo que los abogados y firmas de abogados sean responsables de su conducta, especialmente cuando su irresponsabilidad podría poner en riesgo aspectos fundamentales de nuestro gobierno y sociedad», declaró el presidente.
Entre las acciones específicas que se ordenan en el memorando se incluye la vigilancia más estricta de las regulaciones que rigen la conducta y disciplina de los abogados. Esto también abarca la recomendación de medidas severas, como la revisión de autorizaciones de seguridad y la posible terminación de contratos federales para aquellos que cometan faltas que merezcan sanciones. Se prevé incluso una revisión de la conducta legal de los últimos ocho años para identificar casos de mala praxis.
El presidente Trump hizo hincapié en la necesidad de combatir conductas ilegales dentro del ámbito de la inmigración, donde algunos abogados han sido acusados de manipular a sus clientes para ocultar verdades sobre sus circunstancias y así manipular el sistema de asilo. «Este tipo de prácticas no solo abusan del proceso legal, sino que también ponen una carga enorme al gobierno federal”, explicó.
La memoria señala que la Ley Federal de Procedimiento Civil prohíbe a los abogados participar en ciertos actos poco éticos, como presentar reclamaciones infundadas o hacer aseveraciones sin respaldo probatorio. Sin embargo, la falta de responsabilidad hasta ahora ha permitido que muchos abogados operen sin temor a las repercusiones de sus acciones.
Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio del presidente para reducir lo que él describe como la «armamentización del gobierno», volviendo a centrar las operaciones del mismo en las necesidades de los ciudadanos estadounidenses. Esto se alinea con decisiones anteriores, como la revocación de autorizaciones de seguridad a funcionarios de inteligencia que, según Trump, hicieron afirmaciones falsas durante la elección de 2020.
Con estas acciones, la administración busca un retorno a la rendición de cuentas y la restauración de la confianza en el sistema legal, un mensaje que retumba especialmente entre aquellos que sienten que las fallas en la profesión legal han sido pasadas por alto durante demasiado tiempo.
Fuente: WhiteHouse.gov
