El Grupo Parlamentario Popular ha abogado en materia fiscal por deflactar el IRPF, su modificación de tramos y reducción de tipos impositivos de manera que se realizaría en los tres primeros tramos y afectaría a los contribuyentes con rentas anuales inferiores a 34.360 euros, lo que «supondría una recaudación al Gobierno regional de 300 millones de euros» más.
En este ámbito en sus propuestas de resolución que han llevado al Debate del Estado de la Región, reclaman ayudas por nacimiento de hijo con un mínimo de 500 euros, ayudas para familias numerosas y monoporantales, el aumento del 15% al 30% de la deducción de gastos por guardería eliminando el límite de 250 euros o multiplicar por diez las deducciones actuales por discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes y para contribuyentes mayores de 75 años y para contribuyentes que cuiden a un mayor de 75 años.
Duplicar la deducción por acogimiento familiar no remunerado a menores, eliminar los límites de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual o duplicar la deducción por traslado de vivienda habitual son otras de las propuestas fiscales enunciadas por los ‘populares’.
OCUPACIÓN Y SANIDAD
En el ámbito de infraestructuras y vivienda, quieren promover la imposición de penas de prisión de tres meses a quienes promuevan la okupación, arbitrar medidas contra el desmantelamiento del ferrocarril tradicional que afecta muy especial a la provincia de Cuenca, a Talavera y su comarca, así como un programa de ayudas a jóvenes de compra de vivienda habitual o una línea de avales públicos para facilitar a los jóvenes pagar la entrada que se necesita para comprar una vivienda.
En materia sanitaria, reclaman un plan de atención primaria, un plan de choques contra las listas de espera, la recuperación de la carrera sanitaria o retomar los trabajos de la comisión parlamentaria del COVID-19, «sin reunirse desde el 14 de julio».
Añaden su petición de establecer una ayuda por hijo de 14.500 euros desde el quinto mes de embarazo hasta los dos años, para todas las mujeres empadronadas en Castilla-La Mancha, elevándola hasta los 20.300 euros en municipios despoblados o construir nuevas unidades residenciales, tanto por el sector público como el privado, que no superen los 55 residentes, dando opción preferente a los entornos rurales.
Con respecto a políticas de igualdad, promueven medidas para acabar con las tasas de paro del 18,7%, rechazan la política presupuestaria del Gobierno regional, que «dedica más de un tercio del presupuesto al Instituto de la Mujer», así como las políticas del Ministerio de Igualdad, «basada en la radicalidad, el enfrentamiento y el sectarismo político y social».
Las propuestas en materia de agua pasan por instar al Gobierno regional, para que inste al Gobierno de España, a cumplir y llevar a efecto las medidas de su competencia que se encuentran contenidas el acuerdo del agua de Castilla-La Mancha y reclaman la derogación inmediata y definitiva de la Ley de Aguas en orden de suprimir el nuevo impuesto al agua –canon medioambiental o canon DMA–.
EDUCACIÓN Y CULTURA
En materia educativa, el PP aboga por recuperar los apoyos en educación infantil, reducir la jornada lectiva, pagar el verano a los interinos con cinco meses y medio de trabajo durante el curso escolar, permitir las reducciones horarias retribuidas para docentes mayores de 55 años y la educación gratuita de cero a tres años.
En cultura, consideran necesario la firma de convenios con aquellos ayuntamientos que poseen Fiestas Declaradas de interés Turístico Regional, para que cuenten con financiación regional; así como un apoyo directo a la tauromaquia; fomentar y apoyar al deporte femenino y su conciliación familiar mediante un Plan Integral de la Mujer en el Deporte e impulsar una legislación que ofrezca una mejor protección a las mujeres deportistas con ocasión del embarazo y la maternidad.
En el plano agrario y cinegético, reclaman ayudas directas al sector al sector agrario ante el aumento de los precios de combustibles; derogar la moratoria sobre explotaciones ganaderas de porcino aprobada el 13 de enero, piden la exención temporal de las tasas autonómicas de agricultores y ganaderos y el impuesto de actos jurídicos, sucesiones y donaciones, así como la declaración de la montería y las rehalas como Bien de Interés Cultural (BIC) en Castilla-La Mancha o el desarrollo de un Plan de Gestión Sostenible del Lobo.
Finalmente, en el plano nacional, el PP de Castilla-La Mancha se centra en garantizar la independencia y la imparcialidad en el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, el Tribunal Constitucional o el Instituto Nacional de Estadística; así como instar al Gobierno regional a que inste al nacional a «que ningún gobierno pueda indultar a personas vinculadas con su propio partido político o de aquellos otros que le prestan apoyo parlamentario de forma continuada y estable» así como «intensificar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo etarra».
