La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 1 de junio, a D.M.V.L., D.J.V.L. y A.I.M.P. por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa, después de captar a cinco mujeres venezolanas con la falsa promesa de obtener grandes beneficios por el ejercicio de la prostitución en España, siendo después alojadas en una vivienda de La Roda para ejercer la prostitución en condiciones abusivas y manteniendo una deuda arbitraria con los acusados. Por estos hechos, la Fiscalía pide para ellos penas de entre 42 y 57 años y medio de prisión.
Según el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados D.M.V.L. y D.J.V.L., que eran pareja, se dedicaron desde finales del año 2018, con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, con otras personas residentes en Venezuela que no han sido localizadas a captar a mujeres de aquel país aprovechándose de su situación de precariedad con la falsa promesa de obtener grandes beneficios económicos en el ejercicio de la prostitución en España, asegurando que estos beneficios les permitirían devolver sin dificultad el dinero adelantado por ellos y ofreciéndoles los medios para venir al país, tales como billetes de avión, reserva hotelera y, en algunos casos, dinero en efectivo, que les fue retirado al llegar a España.
Las jóvenes, todas ellas mayores de edad, que fueron captadas accedían a la atractiva oferta planteada al desconocer las verdaderas y abusivas condiciones que les serían impuestas en el ejercicio de la prostitución una vez que llegaran a España, consistentes en plena disponibilidad horaria durante todos los días de la semana, con una deuda arbitaria que los acusados aumentaban continuamente por diferentes conceptos, sometidas a un control total por parte de los acusados.
Además, la documentación les fue retirada a la mayoría de ellas y eran obligadas a entregar a los acusados todo el dinero que obtenían con dicha actividad, según las tarifas que por dichos servicios acordaban directamente los acusados con los clientes, siendo amedrentadas las víctimas con causarles daño a ellas o a sus familias en su país de origen si no actuaban conforme a dichas exigencias, por lo que las víctimas se veían abocadas a aceptar dichas condiciones al encontrarse en España solas, sin dinero, sin trabajo y temiendo las represalias anunciadas por los acusados.
Cuando las víctimas llegaban a España, eran alojadas por los acusados, en su mayoría, en una vivienda en La Roda destinada al único fin del ejercicio de la prostitución ajena y en la que también residía A.I.M.P, madre de D.J.M.P., que actuaba como encargada de la casa y de las chicas, ocupándose de controlar a las víctimas anotando los servicios sexuales que prestaban, así como el dinero que las chicas obtenían por cada servicio, que casi siempre estas entregaban íntegro a A.I.M.P. o incluso ella lo cobraba directamente a los clientes.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para D.M.V.L. una pena de 57 años y medio de cárcel por cinco presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva, así como otro de tenencia de moneda falsa; 52 años y medio para D.J.V.L. por cinco presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa; y 42 años para A.I.M.P. por cuatro presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva y tenencia de moneda falsa.
