El diputado regional del PSOE, por la provincia de Ciudad Real, Pablo Camacho, valoró el registro en las Cortes regionales, por parte del grupo parlamentario socialista, de la Proposición No de ley (PNL) para elevar al Gobierno de España un Proyecto de Ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas.
Recuerda que es una competencia del Estado adecuar la legislación civil y penal para darle una respuesta de forma ágil y justa a esta problemática, por la que según datos del INE se dictaron 1.700 sentencias condenatorias por delito de ocupación ilegal en 2013, y hasta 6.000 sentencias en 2018.
Es por ello que el parlamentario socialista lamenta el “ejercicio de cinismo y demagogia por parte del PP; sus dirigentes tratan de responsabilizar al Gobierno del aumento de casos, cuando no hay que buscar responsables ni cómplices más allá de las mafias, y cuando el incremento de sentencias de 2013 a 2018, se produjo durante el Gobierno de Rajoy”.
Así, Pablo Camacho, exige al Partido Popular que “abandone los discursos absurdos, que no genere alarma y que dedique el tiempo a ser útil a la sociedad”.
Al tomar en consideración el texto, parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, empieza su tramitación, y el objetivo está claro de acuerdo a las palabras de Pablo Camacho “queremos aprobar el anteproyecto de Ley en las Cortes regionales, y queremos que llegue al Congreso de los Diputados con el apoyo unánime de los tres grupos parlamentarios”.
Fundamentalmente el texto está enfocado en tres líneas: el endurecimiento de las penas por la comisión del delito de ocupación ilegal; la persecución de las mafias que están detrás; y la protección a la ciudadanía. Se desea que la ley considere las situaciones de ocupación como delitos muy graves, para que las penas vayan de tres años de prisión en caso de uso de la violencia o intimidación, a multas de hasta doce meses, en caso de ocupación pacífica no consentida.
La también contempla un aumento del tiempo de prescripción del delito, pasando de uno a cinco años, ya que con el plazo actual de un año, en varias ocasiones el delito queda sin castigo al haber prescrito, según explica el diputado regional del PSOE.
Pablo Camacho también añade que entre otras propuestas se recogió la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones,la facultad de la Policía para poder denunciar ante el Juzgado, el desalojo exprés que los Juzgados deberán decretar en un plazo de 48 horas, o la propuesta de modificar las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas.
“Castilla-La Mancha quiere ser útil a España. Esta es nuestra forma de querer a España. Aportando soluciones a los problemas de la gente, y para ello necesitamos contar con el apoyo de los 33 diputados y diputadas de la región”, indica para terminar.
