El sector rural de la provincia de Ciudad Real ha expresado una fuerte oposición al reciente borrador de Decreto que regula la gestión del águila imperial ibérica, criticando que no se ha tomado en cuenta la opinión de ninguna asociación del mundo rural durante su formulación. La iniciativa implica la designación de 341 términos municipales como Áreas críticas y otros 159 como Áreas de dispersión para la protección de esta especie, afectando así al 55% de la región.
La Asociación de Turismo Cinegético y Rural del Campo de Montiel y Campo de Calatrava, la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), la Asociación de Ganaderos y Agricultores, varios alcaldes de la provincia y el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real han hecho público su descontento a través de una nota de prensa. Insisten en que la medida aprobada es contraproducente para el desarrollo de los pueblos y áreas rurales involucradas.
Las asociaciones argumentan que las limitaciones impuestas no son justas para una especie cuya población ha alcanzado las 500 parejas, en gran medida gracias al trabajo y esfuerzo de los habitantes del medio rural. Subrayan que las restricciones no solo son inapropiadas sino que también van en detrimento del progreso de las comunidades que contribuyeron directamente a la recuperación de la población del águila imperial.
El decreto, en su clasificación y regulación de usos y actividades, impone restricciones significativas, especialmente para la caza y agricultura. Por ejemplo, se limita la caza del conejo, lo que, según predicen los colectivos, generará problemas de daños a los cultivos. Además, la normativa tiene la potencialidad de limitar actividades agrarias, cinegéticas o forestales en pos de preservar la tranquilidad en las zonas de nidificación del águila, llegando incluso a prohibiciones dentro de un radio de 1.000 metros de los nidos.
El impacto también se extiende a los cuarteles comerciales de caza, donde se establecen múltiples restricciones para su gestión y se prohíbe el uso de munición con plomo en dos años, una medida considerada excesiva y no fundamentada en estudios científicos que demuestren su necesidad para la preservación de la especie, según los colectivos.
El comunicado subraya la unidad del mundo rural frente a este Decreto, apuntando que, en lugar de celebrar los esfuerzos realizados por los municipios y cotos para incrementar la población del águila imperial, la regulación se ha enfocado como si se tratase de una especie al borde de la extinción, generando gran descontento y rechazo en la sociedad.
