El reciente anuncio de la ‘Orden de Concierto Social para la gestión del acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales de Castilla-La Mancha’ ha generado preocupación y controversia. Publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, esta nueva normativa pone en jaque los puestos de trabajo y los ingresos de aproximadamente 700 empleados que actualmente participan en estos servicios esenciales en la región.
El principal temor entre los trabajadores y sindicatos radica en la repercusión inmediata que esta orden puede tener sobre sus condiciones laborales. Con la implementación de esta normativa, se abren interrogantes sobre la estabilidad laboral y la adecuación salarial para aquellos que desempeñan funciones críticas en la protección y el cuidado de menores, así como en la ejecución de medidas judiciales.
Las voces críticas señalan que la reestructuración prevista podría derivar en una reducción de plantillas y en recortes salariales, lo que impactaría de manera severa en el sector y, por ende, en el bienestar de los menores bajo tutela. Los empleados afectados subrayan la importancia de sus roles y el riesgo que implica cualquier alteración en su estructura laboral.
Ante este panorama, los sindicatos y representantes de los trabajadores han comenzado a organizarse para demandar claridad y garantías por parte del gobierno autonómico. Se prevé que en los próximos días se realicen reuniones y movilizaciones con el objetivo de proteger los derechos laborales y asegurar que los servicios de acogimiento y medidas judiciales continúen funcionando de manera adecuada y sin interrupciones.
El debate está servido y la respuesta gubernamental será clave para determinar el futuro de un sector que juega un papel vital en la comunidad. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo entre quienes se dedican, día tras día, a ofrecer un entorno seguro y adecuado para los menores y a ejecutar las medidas judiciales que garanticen justicia y orden en la región.
Fuente: CCOO Castilla-La Mancha
