El presidente ha lanzado una ambiciosa iniciativa que busca transformar la burocracia federal y maximizar la eficiencia en el trabajo gubernamental. Esta transformación, denominada “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo principal eliminar el despilfarro y la insularidad en la Administración pública, en un esfuerzo por restaurar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
En un comunicado oficial, el presidente establece que esta orden ejecutiva busca empoderar a familias, trabajadores y contribuyentes estadounidenses, además de contribuir a la funcionalidad del propio sistema de gobierno. Esta iniciativa se enmarca dentro de un contexto más amplio de reforma del proceso de contratación y gestión del personal en el gobierno federal.
Uno de los elementos clave de esta reforma es el establecimiento de una relación de contratación que limita las nuevas contrataciones a una por cada cuatro empleados que se retiren. A excepción de las funciones relacionadas con la seguridad pública, la aplicación de la ley y la inmigración, esta política afecta a todas las agencias gubernamentales. Los líderes de cada agencia, junto con el equipo del DOGE, deberán desarrollar planes orientados a garantizar que las contrataciones de nuevos empleados se realicen en áreas de mayor necesidad.
Además, se prevén reducciones significativas en la plantilla de empleados del gobierno federal. Las agencias están instruidas para prepararse para despidos masivos, priorizando la eliminación de puestos en operaciones que no estén legalmente mandatadas. Esto incluye iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, así como componentes y funciones que no se consideren esenciales durante períodos de limitación de fondos.
La orden también contempla revisiones de los criterios de idoneidad para los empleados federales, sugiriendo que se consideren factores como el cumplimiento de obligaciones legales, incluida la presentación de declaraciones de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad.
Dentro de un plazo de 30 días, los jefes de las agencias deberán presentar informes sobre la necesidad de las entidades que dirigen, evaluando si pueden ser eliminadas o consolidadas. En un plazo más amplio, se espera un informe que dé cuenta de la implementación de estas políticas y que considere posibles modificaciones o extensiones de las disposiciones establecidas.
No obstante, la iniciativa no afecta a los miembros del personal militar ni a puestos que se consideren críticos para la seguridad nacional. La dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto y del Departamento de Gestión de Personal será crucial para la implementación de esta ambiciosa reforma.
Con esta movida, el presidente refuerza su compromiso de hacer que el gobierno sea más eficiente, buscando un equilibrio entre la reducción de la burocracia y la necesidad de un servicio público que funcione de manera óptima y eficaz. La implementación de estas reformas será observada de cerca, en medio de un clima político donde la exigencia de transparencia y eficiencia es cada vez mayor por parte de la ciudadanía.
Fuente: WhiteHouse.gov
