El Gobierno ha anunciado una nueva normativa que afectará a todos aquellos propietarios que deseen alquilar o vender sus viviendas en el territorio nacional. A partir del próximo mes, será obligatorio que todas las propiedades cuenten con un certificado de eficiencia energética actualizado para poder ser incluidas en el mercado inmobiliario.
Esta medida, cuyo objetivo principal es fomentar la sostenibilidad y la transparencia en el sector, ha generado una serie de reacciones tanto entre los propietarios de inmuebles como entre las empresas del sector. Según la normativa, el certificado deberá ser expedido por un técnico autorizado y tendrá una validez de diez años. Aquellas viviendas que ya cuenten con dicho certificado, deberán asegurarse de que esté dentro del periodo de vigencia.
El Ministerio de Vivienda ha explicado que el certificado de eficiencia energética evaluará diversos aspectos del inmueble, como el consumo de energía, la emisión de CO2 y la calidad del aislamiento térmico. Los resultados se plasmarán en una escala de siete letras, que va desde la «A» para las viviendas más eficientes, hasta la «G» para las menos eficientes. Esta información deberá ser incluida en todas las promociones y anuncios relacionados con la venta o el alquiler de la propiedad.
Las inmobiliarias ven en esta medida una oportunidad para ofrecer un servicio añadido a sus clientes, aunque también prevén que podría haber un ligero incremento en los costos iniciales para quienes deseen poner su vivienda en el mercado. «Si bien el coste de obtener el certificado puede ser un obstáculo inicial, a largo plazo los propietarios podrán atraer más fácilmente a compradores o inquilinos interesados en propiedades energéticamente eficientes», mencionó Javier Martínez, gerente de una conocida inmobiliaria en la capital.
Por otro lado, algunos propietarios muestran su preocupación sobre la prisa por adaptarse a la nueva normativa, especialmente aquellos que tienen inmuebles antiguos. «Nuestro edificio tiene más de 50 años, y aunque hemos hecho mejoras, no estamos seguros de si pasará todos los requisitos de eficiencia», expresó Laura Gómez, propietaria de un apartamento en el casco antiguo de Madrid.
Desde el Gobierno, se ha insistido en la importancia de esta medida para combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «Queremos que los consumidores estén informados y puedan tomar decisiones más responsables y conscientes. Es un paso necesario para avanzar hacia un futuro más sostenible», declaró el ministro de Vivienda, Carlos López.
Además, para facilitar la transición, se han puesto en marcha subvenciones y ayudas para la rehabilitación energética de las viviendas. Estas ayudas podrán solicitarlas tanto propietarios individuales como comunidades de vecinos que deseen mejorar la eficiencia energética de sus edificios, cubriendo parte del coste de las obras.
Con la entrada en vigor de esta normativa, España se une a otros países europeos que ya han implementado reglamentaciones similares, reforzando su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
