El año 2025 promete traer consigo importantes transformaciones en el ámbito laboral español, especialmente en lo referente a la gestión de las nóminas. Uno de los cambios más destacados es la prevista actualización del Salario Mínimo Interprofesional, lo cual demandará ajustes en muchos convenios laborales y resultará en un incremento de los costes para una parte significativa del tejido empresarial del país.
Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) experimentará una nueva subida a partir de enero de 2025. Este impuesto progresivo se introdujo en las nóminas de trabajadores en enero de 2024, y su vigencia está proyectada hasta 2050. Según Jorge Sierra, Corporate Compensation & Benefits Manager de Gi Group Holding, aún se prevén incrementos porcentuales anuales hasta 2029, tras lo cual el porcentaje quedará fijado. Este mecanismo tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Para el año entrante, el MEI impondrá un 0,8% sobre la nómina, distribuyéndose el coste entre la empresa, que aportará un 0,67%, y el trabajador, que contribuirá con el 0,13% restante. Se proyecta que este porcentaje aumente cada año hasta alcanzar un 1,20% en 2029, con un reparto del 1% a cargo de la empresa y del 0,20% por parte del trabajador. Esto supondrá un ligero detrimento del salario neto en comparación con 2024. Un empleado con un salario medio de 2.128,44 € brutos verá un costo adicional de 2,76 €/mes, mientras que para un autónomo, el aumento será de 17,02 €/mes, ya que asumirá también el porcentaje empresarial.
Este ajuste se traduce en un descenso de 0,21 € en el salario neto mensual de un empleado por cuenta ajena, mientras que para un autónomo la reducción ascenderá a 2,13 €. Para las empresas, tomando como referencia el mismo salario medio y considerando un equipo de 50 empleados, el incremento en los costes de personal será de 95,50 € al mes, o 1.146 € al año. Cada empleado implicará un gasto adicional de 1,91 €/mes en comparación con el año anterior.
Por otro lado, se baraja la posibilidad de reducir la jornada máxima laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas. Si se implementa, esta medida representará un cambio significativo en la organización del tiempo de trabajo tanto para empresas como para empleados, y podría favorecer un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. Sin embargo, la puesta en marcha de esta reducción dependerá de las negociaciones en curso y de los acuerdos que se establezcan a nivel sectorial y empresarial para ajustarse a esta potencial nueva normativa.
Estas novedades, conjugadas, plantean un escenario laboral en transformación que exigirá tanto a empresarios como a trabajadores adaptarse a los nuevos marcos regulatorios y contribuirán a un reajuste en la dinámica laboral vigente en España.
