El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su más absoluta repulsa ante la agresión sufrida por un médico y una enfermera en la madrugada del jueves en Camarena (Toledo), y confirma que se personará como acusación particular en cuanto se abra un procedimiento judicial tras este deleznable suceso.
El Ejecutivo regional quiere recalcar su postura clara de rechazo ante la violencia, sea de la naturaleza que sea, y ha ofrecido todo su apoyo y solidaridad tanto a los profesionales agredidos como a sus familias a las que se les ha ofrecido asesoramiento legal y el soporte que precisen en estos momentos.
En este sentido, se ha activado de oficio el Plan ‘Perseo’, un plan específico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en caso de agresiones, cuyo objetivo es actuar con la máxima contundencia y celeridad ante hechos de esta naturaleza, como los que desgraciadamente se han producido esta madrugada en Camarena (Toledo).
Asimismo, el Gobierno, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), se encuentra en contacto permanente con la Guardia Civil, así como con la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, para la que trabajan los profesionales agredidos, y con los Colegios Profesionales de Enfermería y Médicos.
Herramientas de prevención y asesoramiento
El Gobierno regional trabaja para ofrecer herramientas que permitan prevenir las agresiones y para actuar en el caso de que se produzcan.
En este sentido se enmarca la actuación del Observatorio de la Violencia integrado por representantes de varios departamentos del servicio regional de salud, de la Consejería de Sanidad, de los Colegios Profesionales de Médicos y Enfermería, sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y la Delegación del Gobierno a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Asimismo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ofrece a sus profesionales un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Una herramienta, en funcionamiento desde el 1 de agosto de 2017, con la que el Ejecutivo regional ha querido mejorar la protección jurídica que ofrece a sus profesionales en el caso de agresiones sufridas en el ejercicio de su actividad en el ámbito del sistema sanitario público de la región.
