La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado la intención del Gobierno de plantear un «acuerdo de país» para discutir un nuevo modelo de financiación autonómica y la posible condonación de deuda a las comunidades autónomas. Las primeras reuniones con los diferentes territorios están previstas para principios de febrero.
Durante una comparecencia en el Congreso, Montero ha resaltado la importancia de este «gran debate territorial», que contempla la cuestión de qué porción de la deuda generada durante la crisis financiera podría ser absorbida por el Estado.
El objetivo del Gobierno es claro: devolver autonomía financiera a las comunidades autónomas permitiéndoles mayor capacidad para financiar sus competencias. Esto implicaría que las comunidades tendrían un mayor margen para actuar al verse liberadas de una parte de su endeudamiento actual.
Sin embargo, Montero recordó que una propuesta previa para establecer un fondo de nivelación, solicitado por diversas comunidades autónomas durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fue inicialmente rechazada por el conjunto de las CCAA.
La reclamación de las comunidades de Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, manifestada en Fitur, de establecer un fondo provisional de nivelación hasta la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, se basa en un sentimiento de infrafinanciación de sus territorios.
La ministra ha tendido la mano al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, invitándolos a presentar una propuesta concreta para la reforma del sistema. Según Montero, Feijóo habría rechazado previamente la creación de una mesa de negociación con el PSOE.
Por último, ha hecho referencia al trabajo conjunto con las CCAA en el contexto de un acuerdo firmado con Sumar para la investidura, con el fin de establecer un refuerzo de emergencia para las comunidades autónomas. Montero ha hecho hincapié en la necesidad de evaluar el impacto de los recortes realizados por los gobiernos del expresidente Rajoy, recortes que, según ella, se tradujeron en un aumento del endeudamiento autonómico que el Estado ahora está dispuesto a asumir parcialmente.
