El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas drásticas contra la firma legal Susman Godfrey LLP, al acusarla de realizar actividades que comprometen los intereses críticos de la nación. En un documento oficial emitido por la Casa Blanca, se establece un protocolo exhaustivo que busca suspender los permisos de seguridad de los empleados de la firma, revisar los contratos gubernamentales y limitar el acceso de estos profesionales a las instalaciones del gobierno federal.
Según la orden, emitida por el presidente, se argumenta que Susman Godfrey no solo ha participado en la «armaización» del sistema legal estadounidense, sino que también ha financiado iniciativas que atacan la efectividad del ejército y que fomentan la discriminación racial en el ámbito laboral. El enfoque del gobierno enfatiza que los fondos de los contribuyentes no deben ser utilizados para respaldar conductas que vayan en contra de la seguridad nacional y los valores democráticos.
La orden establece varios pasos concretos que las agencias gubernamentales deberán seguir. En primer lugar, el Fiscal General y el Director de Inteligencia Nacional deberán iniciar procedimientos para suspender de forma inmediata los permisos de seguridad de los empleados de Susman. Asimismo, la Oficina de Gestión y Presupuesto deberá identificar todos los bienes y servicios que se proporcionan a la firma y cesar dichos apoyos en la medida permitida por la ley.
Otro aspecto destacado es la revisión de los contratos existentes entre Susman y las agencias del gobierno. Se instruye a las agencias a finalizar aquellos contratos que subsidien actividades consideradas incompatibles con los intereses americanos. La orden también prohíbe la contratación de empleados de Susman a menos que se obtenga una autorización específica, lo que resalta la gravedad con la que la administración está abordando la situación.
Los responsables de las agencias deben presentar un informe en un plazo de 30 días sobre los contratos establecidos con la firma, lo que indica un seguimiento riguroso de las acciones solicitadas. La orden también aborda un aspecto crucial relacionado con la discriminación racial, afirmando que las políticas de «diversidad, equidad e inclusión» no deben emplearse como justificación para prácticas ilegales que socaven las leyes estadounidenses.
El documento concluye señalando que estas acciones forman parte de un compromiso más amplio de la administración para garantizar que los recursos del gobierno se utilicen de manera que reflejen los intereses y la seguridad de la nación. Con estas medidas, la administración busca reafirmar su postura contra la discriminación y las conductas que, según sostiene, son perjudiciales para la integridad de las instituciones estadounidenses.
Fuente: WhiteHouse.gov
