La morosidad es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el entramado empresarial. Los retrasos en los pagos de sus clientes podrían comprometer el flujo de efectivo de las compañías e incluso su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros. Para hacer frente a esta problemática, existen herramientas legales como la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LDP), que actualmente se encuentra en revisión. Sin embargo, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, solo el 46% de las empresas encuestadas afirman aplicar esta directiva, que les otorga el derecho a reclamar intereses de demora y una compensación por los gastos de recuperación.
Respecto a Europa, la media de respuesta se sitúa en el 47%, ligeramente por encima de España. De los 24 países analizados, Irlanda (68%), República Checa (59%) y Rumania y Portugal (52%) son los países donde más organizaciones reconocen recurrir a esta directiva. En cambio, Polonia (42%), Eslovaquia (41%) y Francia (39%) son las naciones cuyas empresas hacen menos uso de esta herramienta.
Al preguntar sobre las razones que incentivarían la aplicación de la Directiva Europea sobre Morosidad, la respuesta más repetida por los encuestados en España es la revisión de las normas vigentes (56%). La Comisión Europea ya está trabajando en la actualización de esta normativa para promover un cambio hacia una cultura de pago sin demora. Además, entre las opciones por las que las empresas harían mayor uso de su derecho de reclamo y recobro, destacan las mejoras en la aplicación de la norma y la mediación o soluciones alternativas de litigios.
Otro objetivo de la revisión de la normativa sobre morosidad de la Unión Europea es fomentar una cultura de pronto pago. Sin embargo, según el informe de Intrum, únicamente el 32% de las empresas españolas cuentan con un código ético diseñado para promover esta cultura, una cifra similar a la media europea del 33%.
En conclusión, aunque existen herramientas legales para hacer frente a la morosidad, muchas empresas no están aprovechando estas herramientas. Es necesario promover el cumplimiento de la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad y fomentar una cultura de pago sin demora a través de la revisión de las normas vigentes y el desarrollo de códigos éticos en las organizaciones empresariales.
