En una reciente aparición ante los medios en Cuenca, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se ha pronunciado acerca de la gestión de su departamento en relación con la adquisición de mascarillas durante la crisis de la pandemia. El ministro ha asegurado que el proceso de compra de estos insumos esenciales para la protección se efectuó «con un cumplimento estricto de la Ley de contratos, previa declaración de la urgencia» y ha subrayado que tales adquisiciones están sujetas a la fiscalización de entidades reguladoras, incluyendo al Tribunal de Cuentas.
Este tema ha cobrado relevancia mediática tras la solicitud por parte del Partido Popular de que Grande-Marlaska comparezca en la comisión de investigación de las mascarillas en el Senado. Frente a esta situación, el ministro ha expresado su «respeto absoluto a las decisiones del poder legislativo», recordando que «a cuyo control estamos todos sujetos». Esta declaración pone de manifiesto la disposición del ministro a someterse a la rendición de cuentas ante la supervisión parlamentaria.
La intervención de Grande-Marlaska tuvo lugar en el contexto de un evento oficial, la firma del acta que marca el comienzo de las obras del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca. Este proyecto, que representa una inversión gubernamental de más de 14 millones de euros, tiene como objetivo fortalecer el sistema penitenciario a través de la educación y la formación.
Este acto y las declaraciones emitidas refuerzan la postura del Gobierno de transparencia y responsabilidad en el manejo de los contratos públicos durante emergencias nacionales, así como su compromiso hacia la mejora continua de las infraestructuras estatales.
