En medio de la ola de protestas en el campo, Julián Martínez Lizán, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha expresado su perspectiva sobre las reivindicaciones de los profesionales del sector primario, calificando algunas de ellas como muy coherentes, mientras que otras, a su juicio, carecen de lógica. Sus declaraciones fueron dadas antes de su participación en el foro de El Confidencial en Toledo, titulado ‘Castilla-La Mancha, destino inversor’.
El titular castellanomanchego ha señalado específicamente, en relación con la Agenda 2030, que ciertos objetivos propuestos para su derogación son inconsistentes, considerando que dichos objetivos han sido aceptados universalmente. Lizán ha subrayado que el conocimiento incompleto detrás de la demanda de derogar la Agenda 2030 puede llevar a un debate infructuoso, más aun cuando las metas establecidas, como la erradicación de la pobreza y la educación de calidad para todos los niños, han encontrado un amplio apoyo internacional.
No obstante, el consejero ha reconocido que algunos aspectos de la Agenda, como los relativos al clima, podrían exceder la capacidad de adaptación actual. La evidencia del cambio climático, según Lizán, es rotunda, y ha resaltado la importancia de la colaboración de los agricultores en la lucha contra este fenómeno. Según Lizán, los agricultores, lejos de ser los principales contaminadores, son aliados en la preservación del medioambiente.
Al mismo tiempo, ha mencionado que existe una preocupación en el sector agrícola sobre la forma en que se está desarrollando la política agraria común europea en relación con el Pacto Verde. Lizán considera que se han propuesto medidas que no se corresponden con el grado de preparación actual de los agricultores. Además, ha criticado el aumento de la burocracia, la cual complica innecesariamente el desarrollo de programas relacionados con la economía agrícola, como se ha visto con los ecorregímenes.
El consejero ha insistido en la necesidad de simplificar la burocracia y ha afirmado que las Comunidades Autónomas están en proceso de implementar medidas sugeridas por los propios agricultores. Las organizaciones profesionales del sector juegan un papel vital, proporcionando información que luego es trasladada al Ministerio y a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Con esto en mente, Martínez Lizán ha dejado claro que el diálogo y la adaptación de políticas son cruciales para el futuro de la agricultura y del desarrollo rural.
