La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado recientemente una actualización en la normativa sobre el uso de mascarillas, reflejando una adaptabilidad en las medidas de prevención contra infecciones respiratorias agudas, incluyendo COVID-19. Con efecto a partir de este miércoles, la obligación de llevar mascarillas podrá modificarse a una simple recomendación en aquellas comunidades autónomas que hayan demostrado un descenso sostenido de casos en las últimas dos semanas.
Esta flexibilización de la norma responde a una evolución desigual de la pandemia a nivel regional, como ha reconocido García. El Ministerio aspira a proporcionar un respaldo legal a las comunidades que todavía no están listas para aliviar restricciones, al mismo tiempo que permite a otras ajustar las medidas a su contexto epidemiológico específico.
Según la ministra, el Ministerio ha tenido en cuenta diferentes propuestas y en respuesta, va a expedir una orden comunicada a las comunidades autónomas. Esta establecerá la obligatoriedad de uso de mascarillas únicamente en espacios sanitarios, reafirmando la necesidad de mantener un entorno seguro tanto para pacientes como para profesionales de la salud.
El principal objetivo tras estas decisiones es asegurar que todas las comunidades cuenten con el soporte jurídico necesario para administrar las medidas de salud pública, reconociendo al mismo tiempo, sus particularidades y autonomía para responder a los datos de salud locales.
Esta determinación llega tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), llevado a cabo el pasado lunes, donde no se alcanzó un acuerdo unánime entre las comunidades autónomas. La actual situación, caracterizada por un aumento en los casos de virus respiratorios, ha precipitado una revisión de las directrices existentes.
Es importante señalar que esta nueva orden concierne estrictamente a los hospitales y centros de atención médica, excluyendo a otros espacios como los centros sociosanitarios o las farmacias, lugares que se habían contemplado en propuestas previas discutidas en el consejo interterritorial. Con esta medida, se busca encontrar un balance entre la prevención y el progresivo retorno a la normalidad, respetando la variabilidad de la emergencia sanitaria en el territorio español.
